Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
En 1889, Otto von Bismarck creó en Alemania el primer seguro obligatorio de vejez (Social Security Administration, s. f.): quien cotiza sobre su salario recibe una pensión garantizada por el Estado; quien no cotiza, queda por fuera. En 1942, el informe Beveridge propuso en el Reino Unido una pensión básica para todos. Son los dos modelos clásicos: el contributivo y el universal (Bonoli, 1997). Esta semana se anunció que en 2044 colapsarán las pensiones. La promesa de Bismarck no tiene fecha de vencimiento, pero sí costo.
Colombia siguió a Bismarck. La Ley 90 de 1946 creó el Instituto Colombiano de Seguros Sociales, cuyo diseño preveía reservas; pero los aportes del Estado se derogaron y el sistema terminó como un reparto simple (DNP, 1996). La Ley 100 de 1993 mantuvo ese reparto en la prima media, hoy Colpensiones, y abrió el ahorro individual en fondos privados. Su régimen de transición de veinte años, que implementó el gobierno de Ernesto Samper, agotó las reservas del Seguro Social hacia 2005; desde entonces paga la Nación. Quien no completa 1.300 semanas recibe la devolución de sus aportes, no una pensión. La mitad beveridgeana llegó tarde, con Colombia Mayor.
Hoy el sistema afilia mucho y pensiona poco. De cerca de 26 millones de afiliados, 7,2 millones están en Colpensiones, que paga 1,9 millones de pensiones; los fondos privados pagan 395.058 (Rodríguez, 2026). Solo un tercio de las personas de 20 a 59 años cotiza, y apenas el 22 % de los mayores de 60 recibe una pensión contributiva (Becerra et al., 2022). Las mujeres tienen 11 % menos probabilidad de pensionarse y mesadas 28 % más bajas (Alguero, 2026), y el Caribe reúne apenas el 10 % de los pensionados de Colpensiones (Cabrera, 2026).
El gasto tampoco llega a quien más lo necesita. Fedesarrollo estimó que el 75 % de los subsidios va al 40 % de mayores ingresos (El País, 2019), y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF, 2024) calcula que aun una pensión mínima recibe un subsidio del 65 % de su tasa de reemplazo. Del gasto público en pensiones, cercano al 3,4 % del PIB entre 2015 y 2022, Colpensiones absorbe 1,1 puntos; el Fopep, 0,9; el magisterio, 0,5, y la Policía y los militares, 0,6 (Banco de la República, 2024).
La reforma de 2024 intenta cerrar esas brechas con un pilar solidario para los mayores pobres, uno semicontributivo para quienes cotizaron sin completar semanas y uno contributivo que obliga a cotizar en Colpensiones hasta 2,3 salarios mínimos. Todo depende de cuatro variables que hoy fallan a la vez: la demografía, el crecimiento, la formalidad y las finanzas públicas.
Primero, el bono demográfico se pierde por los dos extremos. Nacen menos: en 2025 nacieron 441.537 colombianos, 32 % menos que en 2016, y la fecundidad cayó a 1,0 hijos por mujer (El Espectador, 2026a). Se vive más: entre 1985 y 2020, la esperanza de vida al nacer subió unos ocho años (DANE, s. f.), pero la edad de pensión subió solo dos años, a 57 y 62. Asofondos (2025) proyecta que los mayores de 65 años pasarán de 7 a 21 millones en 2065. Bloom, Canning y Sevilla (2003) advirtieron que el bono se cobra produciendo y ahorrando; Colombia lo cerró sin cobrarlo.
Segundo, el crecimiento y la productividad. Aaron (1966) mostró que el reparto rinde lo que crecen los cotizantes y los salarios reales, y los salarios crecen con la productividad. El CARF bajó el crecimiento tendencial a 2,6 % anual hasta 2037 (Ibáñez, 2026), y la productividad por ocupado cayó 0,32% en 2025 (Hernández, 2025). El Banco de la República (2024) proyectó un gasto pensional inferior al 3,6% del PIB con un crecimiento de 3,3%; con menos crecimiento, llegaría al 8 % a fin de siglo.
Tercero, la informalidad. El 54,9 % de los ocupados es informal (ANDI, 2026). En Santa Marta, más de 25.000 personas viven del mototaxismo sin seguridad social (Morón, 2025): no serán pensionados, pero el fisco tendrá que atenderlos. Y con las reglas actuales, formalizar eleva el gasto de Colpensiones en 0,3 % del PIB anual (Banco de la República, 2024). Formalizar sin corregir subsidios no cierra la brecha; la aplaza.
Cuarto, la crisis fiscal. El CARF proyecta un déficit de 7,8 % del PIB en 2026 y de 9,5 % en 2027 (Infobae, 2026a). El salario mínimo de 23,7 % la agravó por las dos puertas. En Colpensiones, el 60,8 % de las mesadas subió en esa proporción (Ámbito Jurídico, 2026). En los fondos privados, junto con el Decreto 1485 de 2025, que trasladó a los afiliados el riesgo de que el mínimo supere la inflación (Guerrero, 2026a), elevó una renta vitalicia de $350 a $550 millones; 32.000 personas pasaron al Fondo de Garantía de Pensión Mínima (García, 2026). Si las aseguradoras se retiran, esas pensiones las paga el presupuesto. Kydland y Prescott (1977) lo explicaron: la discrecionalidad de hoy crea compromisos permanentes.
El Marco Fiscal de 2026 proyecta que Colpensiones recaudará el 2,3 % del PIB por año y gastará el 4,6 %, y estima el pasivo pensional en 94,4 % del PIB sin reforma y 121,5 % con ella (Semana, 2026a). El CARF (2024) calculó que la transferencia de la Nación a Colpensiones subirá de 1,3 % a 3,8 % del PIB en 2063, con el fondo de ahorro ya agotado. El Banco de la República advierte que el envejecimiento llevaría la deuda por encima del 180 % del PIB hacia 2070 (Portafolio, 2026). Mauricio Olivera, expresidente de Colpensiones, lo resume: el país nunca ha dejado de pagar una pensión, pero sin cambiar la edad tendrá que poner más recursos desde 2065 (El Espectador, 2026b). Los $103 billones de 2044 (El Nuevo Siglo, 2026) no marcan un colapso; marcan la pendiente.
La reforma no corrige esa aritmética. La Corte la avaló solo por trámite (Infobae, 2026b) y examinará el fondo desde abril de 2027. Entre 1,5 y 3 millones de personas quedarán en transición (Salazar, 2026), y el CARF (2024) estima apenas 300.000 pensionados más en 2040: la cobertura crece por subsidios, no por pensiones. No toca la edad, el subsidio a las pensiones altas ni los regímenes especiales, y sus medidas más costosas, según el CARF, son la prestación anticipada y las 1.000 semanas para las mujeres, que la Corte ya había ordenado (C-197 de 2023): corrigen una brecha real sin decir quién la paga.
El presidente De la Espriella anunció libre elección entre Colpensiones y los fondos privados y un blindaje constitucional del ahorro (Saavedra, 2026), y el 6 de octubre eliminó el tope de 30 % a las inversiones de las AFP en el exterior (Guerrero, 2026b). El blindaje da certeza a las reglas, como pedía North (1990), pero el Centro Democrático propone dejar solo los fondos (Semana, 2026b): serían tres sistemas en tres años. Hay dos costos: si los cotizantes vuelven a los fondos privados, Colpensiones pierde ingresos y conserva sus pensionados; si el ahorro sale del país, el Estado pierde compradores para su deuda. Cambiar de administrador no cambia la aritmética.
Las propuestas deben tener responsable, instrumento y plazo. En primer lugar, que Hacienda calcule, y el CARF verifique, el costo pensional de cada decreto de salario mínimo en ambos regímenes. En segundo lugar, que la legislatura 2026-2027 concentre los subsidios en las pensiones bajas y revise los regímenes especiales. En tercer lugar, una comisión de expertos que en seis meses ate la edad y las semanas a la esperanza de vida. En cuarto lugar, menores costos no salariales para la microempresa y una política de cuidado que eleve la participación laboral femenina.
Lo más sensato es reconocer que el sistema no colapsará en una fecha: se comerá, década a década, el espacio fiscal de la educación, la salud y la inversión. Bismarck prometió con un Estado de reglas y una población que crecía; Colombia promete con menos cunas, más mesadas y un fisco en déficit. Una pensión sin quién la pague no es un derecho: es una deuda.
