Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
Técnicamente, una ciudad absorbe a sus profesionales cuando el título reduce la probabilidad de estar desempleado. En Santa Marta ocurre lo contrario. En 2025, la tasa de desempleo de los samarios con título de educación superior fue de 11,8 %, mientras la de quienes no tienen título fue de 7,3 % (DANE, GEIH, cálculos propios). En el promedio nacional la diferencia fue de apenas 0,6 puntos; en Santa Marta, de 4,5. En los primeros siete meses de 2026 el patrón se repite (13,0 % frente a 9,1 %), y cerca de 10.000 samarios con título superior buscan empleo sin encontrarlo. Es decir, el debate local confunde dos procesos distintos: la formación de talento y su absorción laboral (en adelante, absorción).
La distinción importa porque cada proceso avanza a su propio ritmo. La formación depende de colegios, universidades y programas de becas, y en Santa Marta se ha expandido con rapidez; la absorción depende de la estructura productiva, que cambia poco. Conviene entonces precisar si el desajuste se explica por la oferta educativa o por la falta de demanda de trabajo calificado, porque cada respuesta conduce a una política pública distinta.
La teoría económica no es concluyente en este aspecto. Por un lado, Becker (1964) planteó que la educación es una inversión que eleva la productividad y, con ella, el salario; su argumento supone, sin embargo, que existe un empleador dispuesto a pagar por esa productividad. Por el otro, Spence (1973) sostuvo que el título opera como una señal para ordenar a los aspirantes, de modo que cuando los diplomas abundan la señal pierde valor. Mortensen y Pissarides (1994) añadieron que el desempleo surge del emparejamiento entre vacantes y buscadores: con pocas vacantes, más graduados no crean puestos, sino búsquedas más largas. Como se nota, las tres lecturas coinciden en algo: con oferta creciente y vacantes escasas, aumenta el desempleo relativo y cae el retorno del título.
Es bueno establecer, en primer lugar, que la oferta ha crecido. El porcentaje de bachilleres samarios de 18 a 24 años que ha ingresado a la educación superior pasó de 55 % en 2022 a 61 % en 2025, mientras en el país apenas subió de 51 % a 53 % (DANE, GEIH, cálculos propios). Es decir, seis de cada diez jóvenes samarios que terminan el bachillerato llegan hoy a la universidad o a una institución técnica. Ese avance es real y, en otro contexto, sería motivo de celebración.
El problema está en el empleo de esos graduados. Entre 2022 y 2025 la economía samaria se recuperó de la pandemia y la tasa de desempleo de quienes no tienen título bajó de 10,3 % a 7,3 %; la de los graduados apenas pasó de 14,1 % a 11,8 %, y en ningún año de ese periodo estuvo por debajo de 11 % (DANE, GEIH, cálculos propios). En consecuencia, la recuperación llegó primero a los trabajos que no exigen estudios superiores. Para los profesionales, el desempleo se volvió persistente. La situación es más grave entre los recién graduados: entre 2022 y 2026, uno de cada cuatro samarios con título de 18 a 28 años estuvo desempleado, frente a cerca de uno de cada seis en el país.
El título, además, rinde cada vez menos. En 2022 un universitario samario ganaba 2,2 veces el ingreso mediano de un bachiller; en 2026, apenas 1,9 veces. Una ecuación de Mincer (1974), que compara personas con igual experiencia, confirma el rezago: en 2025 cada año adicional de estudio elevó el ingreso por hora 10,5 % en Santa Marta, frente a 11,7 % en el país (DANE, GEIH, cálculos propios). El fenómeno no es solo local; en 2024, casi la mitad de los egresados de pregrado de instituciones no acreditadas ganaba menos de 1,5 salarios mínimos (LEE, 2026). Estudiar sigue siendo rentable, pero dónde y qué se estudia pesa cada vez más.
La explicación para el caso del Distrito no está en un exceso de formación, sino en una estructura productiva que no se transforma al ritmo de la oferta. La industria ocupa apenas el 5,6 % del empleo samario, la mitad del promedio nacional, y esa proporción prácticamente no cambió entre 2022 y 2026 (DANE, GEIH, cálculos propios). En efecto, de las 29.117 empresas formales del Magdalena, el 97 % son microempresas y apenas el 0,3 % son grandes (Cámara de Comercio de Santa Marta, 2025). Una economía con esa composición crea pocos puestos que exijan un título.
La expresión más visible de esa estructura es el mototaxismo. La conducción de motocicleta pasó de ser la ocupación principal del 4,6 % de los ocupados samarios en 2022 al 5,3 % en 2025, más del doble del promedio nacional (DANE, GEIH, cálculos propios). Según la encuesta de Arévalo y Morón (2025), entre 18.000 y 20.000 personas viven hoy de esa actividad; el 77,4 % ingresó por falta de empleo y el 95,2 % la abandonaría si existieran opciones formales. Cuando la economía no crea empleo, el empleo se improvisa.
Los graduados que sí consiguen trabajo terminan con frecuencia en puestos que no exigen su título; es lo que la literatura denomina sobrecalificación. Cerca de uno de cada cinco universitarios samarios está en esa situación (19 % en 2026, frente a 18 % en el país) y gana la mitad que uno en un cargo acorde (DANE, GEIH, cálculos propios). A esto se le suma un riesgo nuevo: buena parte de esos puestos son de apoyo administrativo, el grupo ocupacional más expuesto a la inteligencia artificial generativa (Gmyrek, Berg y Bescond, 2023).
El cambio demográfico estrecha otra vía de absorción. En los colegios del Distrito, los niños que ingresan por primera vez a transición bajaron de 7.440 en 2022 a 5.132 en 2025 (Secretaría de Educación Distrital, SIMAT, cálculos propios). Por lo tanto, la educación, que emplea al 20 % de los universitarios samarios, enfrentará una demanda decreciente de docentes. Tampoco la formación técnica ofrece hoy una salida automática: entre 2022 y 2025, los técnicos samarios registraron el mayor desempleo entre los titulados, 15 %, frente a 11 % de los universitarios (DANE, GEIH, cálculos propios).
Hay que ser prudentes con las cifras. Las tasas de una ciudad tienen un margen cercano a dos puntos, 2026 cubre solo siete meses y la encuesta no registra a quienes se formaron en Santa Marta y emigraron, por lo que el desajuste real puede ser mayor. Nada de lo anterior convierte la expansión educativa en un error. Ya en 2005 se advirtió que el desempleo estructural exigía evaluar las necesidades laborales del mercado antes de multiplicar la formación profesional (Morón, 2005), advertencia que se reiteró dos veces en este espacio en julio de 2025.
La comparación con otras ciudades confirma que el problema es local. Entre 2024 y 2026, la diferencia de desempleo entre graduados y no graduados fue de 0,4 puntos en Barranquilla, 1,1 en Cartagena y 1,3 en Montería, frente a 4,2 en Santa Marta; solo Riohacha y Sincelejo presentan brechas mayores (DANE, GEIH, cálculos propios). En Barranquilla, además, la industria pesa el doble y el 42 % de los titulados trabaja en empresas privadas de más de 50 personas, frente a 28 % en Santa Marta, donde uno de cada tres se emplea por cuenta propia. Es decir, donde hay empresas que demandan profesionales, el título protege.
Lo más sensato es integrar la agenda educativa y la productiva. Primero, la atracción de inversión debe diseñarse a partir del talento que la ciudad ya forma, con prioridad en logística portuaria, agroindustria tecnificada, economía azul y servicios digitales; segundo, la oferta técnica y tecnológica debe crecer atada a esas cadenas, y no por sí sola; tercero, los currículos deben enseñar a trabajar con la inteligencia artificial y no a competir con ella; y cuarto, las universidades y el Observatorio Regional del Mercado de Trabajo deben publicar el seguimiento de sus egresados por programa (LEE, 2026).
Una economía que no demanda profesionales no se transforma graduando más, sino atrayendo las empresas que los necesitan. Si esa estructura no cambia, la ciudad seguirá preparando la mano de obra calificada que aprovechan otros territorios.
