Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
El Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2026) publicó el 6 de noviembre los resultados del Índice de Desempeño Fiscal (IDF) de los municipios para la vigencia 2025, y el titular que se impuso fue el de la recuperación: el promedio nacional pasó de 55,86 puntos en 2024 a 57,25 en 2025, sobre una escala de 100. Sin embargo, de los 1.103 municipios evaluados, 706 (el 64,0 %) se mantienen en los rangos de riesgo o deterioro, con calificaciones inferiores a 60 puntos, y solo 7 alcanzan la categoría de sostenible. La pregunta que plantean estas cifras es doble: si la mejora del indicador refleja un fortalecimiento real de las finanzas territoriales, y por qué el Magdalena y Santa Marta siguen rezagados frente al resto del Caribe en una medición que se repite cada año.
Conviene recordar primero qué mide el índice. Desde su rediseño, el IDF combina ocho indicadores agrupados en dos dimensiones: los resultados fiscales, que pesan el 80 %, y la gestión financiera, que pesa el 20 %. En efecto, la recuperación de 2025 se explica casi por completo por la primera dimensión, en la que el balance primario subió 6,80 puntos, hasta 61,74, y el ahorro corriente 2,16 puntos, hasta 67,98. Por el contrario, la gestión financiera retrocedió 0,41 puntos, porque la capacidad de ejecución de la inversión cayó 3,55 puntos y la capacidad de programación y recaudo de ingresos se redujo 3,48 puntos, con un recaudo que superó en 34,6 % lo presupuestado (DNP, 2026).
Esa composición abre un debate que no es menor. Por un lado, se puede sostener que los municipios aprendieron a cuidar la caja: gastan menos de lo que reciben, ahorran y reducen el riesgo de iliquidez, lo que justifica leer el resultado como disciplina fiscal. En la otra esquina se ubica la lectura según la cual el balance primario mejora porque la inversión no se ejecuta, de modo que el superávit sería la otra cara de obras y programas que se quedaron en el papel. Desde el punto de vista teórico ambos argumentos tienen validez; no obstante, las cifras del momento favorecen la segunda lectura, porque el componente que más subió coincide con la caída de la ejecución de la inversión y con presupuestos de ingresos que se formulan muy por debajo de lo que finalmente se recauda.
La teoría del federalismo fiscal ofrece el marco para entender por qué el problema persiste. Oates (1972) estableció que la descentralización es eficiente cuando cada nivel de gobierno financia con recursos propios los servicios que presta, de modo que los ciudadanos comparan lo que pagan con lo que reciben. Weingast (2009) agregó que esa correspondencia es la que genera incentivos para recaudar y administrar bien, mientras Rodden (2006) mostró que, cuando los gobiernos locales esperan que la Nación cubra sus faltantes, la restricción presupuestal se ablanda y la disciplina se debilita. De igual forma, Hines y Thaler (1995) documentaron el llamado efecto papel atrapamoscas: el dinero transferido se queda en el gasto local con más fuerza que un aumento equivalente del ingreso de los contribuyentes, y desestimula el esfuerzo tributario propio. La literatura no es ambigua en este aspecto, y la relación entre descentralización y capacidad institucional ya se planteó en este espacio desde el ensayo sobre la descentralización como instrumento para la modernización del Estado (Morón, 1998).
Sin embargo, en el plano regional, los resultados adquieren una dimensión particular cuando se observan desde el Magdalena. Según los cálculos de La República (2026) con base en el IDF 2025, el departamento registró un promedio municipal de 52,50 puntos, el más bajo de la región Caribe, por debajo de Cesar (58,76), Córdoba (57,76), Atlántico (57,62), La Guajira (57,36), Sucre (54,25) y Bolívar (53,48). Además, Pivijay, con 27,58 puntos, figura entre los peores resultados del país, junto a Pinillos (Bolívar), con 23,29; Guapi (Cauca), con 24,03, y Tiquisio (Bolívar), con 26,95, y Tenerife se ubica también en la parte baja, con 33,03 puntos.
El caso de Santa Marta merece una mención aparte. El Distrito obtuvo 51,68 puntos (Caliescribe, 2026), lo que lo ubica en el rango de riesgo y lo separa por más de veinte puntos de Barranquilla (72,36) y por más de dieciséis de Cartagena (68,82) y Montería (68,30). Como se nota, la condición de distrito no garantiza por sí sola un mejor resultado, porque Barranquilla y Cartagena comparten esa condición y se ubican en rangos superiores. La hipótesis más plausible es que la diferencia se encuentra en la capacidad de generar ingresos propios y de convertirlos en inversión ejecutada, que es precisamente lo que el índice premia.
En este contexto, la discusión nacional agrega un riesgo adicional. El Acto Legislativo 03 de 2024 elevó la participación del Sistema General de Participaciones (SGP) hasta el 39,5 % de los ingresos corrientes de la Nación, con una transición de doce años que depende de la ley de competencias que el Gobierno presentó para su trámite (Portafolio, 2026). Si bien es cierto que más recursos pueden cerrar brechas de cobertura, la evidencia del IDF indica que una parte considerable de los municipios no ejecuta siquiera lo que hoy recibe. En consecuencia, aumentar las transferencias sin exigir capacidad de gestión puede reproducir, a mayor escala, la dependencia que el propio índice castiga.
Lo más sensato en estos momentos es reconocer que el problema del Magdalena no se resuelve con más transferencias, sino con capacidad de recaudo y de ejecución, y que cada actor tiene una tarea distinta. Primero, el Distrito de Santa Marta debe priorizar la actualización catastral y la gestión del impuesto predial y de industria y comercio, que son las fuentes con las que las capitales mejor calificadas financian su inversión. Segundo, la Gobernación del Magdalena, en coordinación con el DNP, que anunció asistencia técnica prioritaria para los municipios en deterioro y de tipologías 3, 4 y 5, puede organizar un programa de acompañamiento para municipios como Pivijay y Tenerife, con metas de recaudo y de ejecución medibles en la próxima vigencia.
Tercero, el Congreso, en el trámite de la ley de competencias, puede condicionar el ritmo de aumento de las transferencias al cumplimiento de umbrales de desempeño fiscal, de modo que el nuevo SGP premie la gestión y no la inercia. Cuarto, los concejos municipales y la Asamblea Departamental pueden ejercer control político sobre los marcos fiscales de mediano plazo, que, a juzgar por un recaudo 34,6 % superior a lo presupuestado en el promedio nacional, se formulan con ingresos subestimados y facilitan los superávits por inejecución. Las universidades de la región, entre ellas la Universidad del Magdalena, pueden contribuir con observatorios que hagan seguimiento anual del índice municipio por municipio.
Mientras el Magdalena siga ocupando la última posición del Caribe en desempeño fiscal, la descentralización seguirá siendo para buena parte de sus municipios una promesa sin instrumentos. Si esa estructura no cambia, el aumento de las transferencias previsto para los próximos doce años llegará a administraciones que todavía no han demostrado que pueden ejecutar lo que ya reciben.
