Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
El domingo 15 de noviembre de 2026, en la alocución con la que presentó el balance de sus primeros cien días, el presidente Abelardo de la Espriella anunció que su Gobierno no impondrá el impuesto sobre las ventas (IVA) a los productos de la canasta familiar ni promoverá nuevas cargas de ese impuesto sobre el sector agropecuario (Portafolio, 2026). Según el mismo mandatario, el Ministerio de Hacienda estudia además reducir la tarifa general del 19 % al 18 % o al 17 % (El Tiempo, 2026). Este martes 17 de noviembre, en la primera reunión con los coordinadores y ponentes de la Ley de Rescate, el ministro de Hacienda confirmó que el IVA a la canasta familiar se retira de manera definitiva del proyecto y que se buscarán fuentes de ingreso que lo sustituyan (Infobae, 2026). En este contexto, la pregunta económica ya no es si se debe gravar la comida, sino cuál es el alcance real del anuncio y de dónde saldrá la plata que el proyecto esperaba recaudar.
En efecto, conviene recordar qué se retira. El Proyecto de Ley 477, radicado el 29 de octubre, eliminaba desde 2028 la tarifa del 5 % y llevaba a la tarifa general productos como el café, el chocolate, la sal, el azúcar, las pastas y los aceites, mientras mantenía excluidos el arroz, la papa, la yuca, la panela y el pan (La República, 2026). Ese capítulo de IVA aportaba, según los cálculos divulgados, cerca de $40 billones anuales entre 2028 y 2030, y lo que queda del paquete del impuesto se estima en $25,5 billones anuales, de los cuales $20 billones se destinarían al mecanismo de devolución conocido como EfectIVA (ABC Economía, 2026). El ajuste que el Gobierno persigue equivale a cerca de 2,2 % del producto interno bruto (PIB), entre $47 y $50 billones para 2027 (Semana, 2026). Es decir, el anuncio protege a los hogares, pero no reduce el tamaño del problema fiscal.
Desde el punto de vista teórico, la decisión de retirar el impuesto a los alimentos tiene respaldo, aunque condicionado. Atkinson y Stiglitz (1976) mostraron que, bajo los supuestos de un impuesto a la renta bien diseñado y de preferencias separables, la redistribución se debe hacer por el lado del ingreso y no con tarifas diferenciales al consumo. Por el contrario, cuando el impuesto a la renta no alcanza a la mayoría de la población y las transferencias no llegan a quienes deben llegar, como ocurre en economías con alta informalidad, las tarifas diferenciales vuelven a ser un instrumento razonable de equidad vertical, en el sentido de Musgrave (1959). La evidencia colombiana se ubica en el segundo caso. De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los alimentos y bebidas no alcohólicas pesan 23,78 % del gasto de los hogares pobres y 8,16 % del de los hogares de ingresos altos (DANE, IPC base diciembre de 2018). En un hogar pobre la comida pesa 2,9 veces más que en uno de ingresos altos, y en octubre de 2026 los alimentos subieron 7,31 % anual frente a una inflación total de 6,30 % (DANE, 2026). Por lo tanto, se evita un impuesto que habría caído sobre el rubro que más presiona hoy el costo de vida de los hogares de menores ingresos; un exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) estimó en 1,3 puntos porcentuales el impacto inflacionario de la propuesta original (ABC Economía, 2026).
Sin embargo, el anuncio deja abiertos dos frentes que merecen atención. El primero es la reducción de la tarifa general. Si bien es cierto que bajar el IVA del 19 % al 17 % se presenta como un alivio para todos, en términos absolutos beneficia más a quienes más consumen bienes gravados, que son los hogares de mayores ingresos, y reduce el recaudo en un momento en que el Gobierno necesita aumentarlo. Se trataría, en consecuencia, de una medida de efecto redistributivo dudoso y de costo fiscal cierto, que todavía no ha sido cuantificada en público. El segundo frente es la sustitución del recaudo. El Ministerio de Hacienda no ha dicho qué fuentes reemplazarán el ingreso que se retira (Infobae, 2026), y en el Congreso las bancadas ya anuncian que pedirán retirar otros impuestos, como el IVA a la medicina prepagada (Radio Hoy, 2026). De igual manera, el Centro Democrático propone reorganizar cerca de sesenta entidades y reducir en $23 billones los gastos de funcionamiento, una meta que el propio senador que la formula califica de ambiciosa (Infobae, 2026). Como se nota, cada exclusión que se concede amplía el hueco que alguien tendrá que cerrar.
En el plano regional, el anuncio adquiere una dimensión particular cuando se observa desde Santa Marta y el Magdalena. En este espacio se estimó que el impuesto sobre los alimentos que contemplaba el proyecto le costaría a un hogar samario cerca de $64.000 al mes, equivalentes a 4,2 % de su canasta básica (Morón, 2026). Ese costo se evita. Además, la devolución que se ofrecía como compensación dependía de la factura electrónica, y en el departamento una parte sustancial de la compra diaria de alimentos se hace en la tienda de barrio, en la plaza de mercado y en la venta ambulante, donde la factura es la excepción. Es decir, el retiro del impuesto protege mejor al hogar del Magdalena que cualquier mecanismo de devolución que dependa del registro de sus compras. No obstante, si el hueco fiscal se cubre con recortes a la inversión regional o con menos transferencias a los territorios, el alivio en el precio de la comida se puede compensar con menos obras, menos programas sociales y menos capacidad de las entidades territoriales, precisamente en un año de transición de gobiernos departamentales y municipales.
Lo más sensato en estos momentos es reconocer que el anuncio corrige un error de diseño, pero no resuelve el ajuste. En primer lugar, al Gobierno nacional le corresponde llevar al articulado, y no solo a la alocución, la exclusión de los alimentos, y presentar al Congreso la cuenta completa de las fuentes que sustituirán el recaudo, con su efecto sobre cada decil de ingreso. La reducción de la tarifa general se debe evaluar con la misma exigencia: no se justifica bajar el IVA a todos mientras falten recursos para el ajuste y para la devolución a los más pobres. A las comisiones económicas, que deberán votar el primer debate el 1 o el 2 de diciembre (Semana, 2026), les toca priorizar la depuración de beneficios tributarios sin efecto redistributivo y la reducción del gasto de funcionamiento antes que nuevos impuestos indirectos. Por último, la Gobernación del Magdalena y el Distrito de Santa Marta deberían exigir que el ajuste no recaiga sobre la inversión regional ni sobre las transferencias, y pedir que se haga pública la distribución territorial de los recortes.
Si la cuenta no se presenta completa antes del primer debate, el alivio anunciado el domingo puede terminar financiado con lo que se deje de invertir en las regiones, y la factura del ajuste la pagarán, por otra vía, los mismos hogares que hoy se quiere proteger.

