Según la Constitución colombiana de 1991, los niños, las niñas y los adolescentes (NNA) de este país son una población protegida, dada su condición vulnerable. Posteriormente, se han expedido una serie de leyes que han corroborado dicha protección constitucional. Por ejemplo, en el año 2006 se expidió el denominado Código de Infancia y Adolescencia que tenía por objeto establecer normas para la protección integral de los NNA y así garantizarles los derechos y libertades que se consagran en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la precitada Constitución y en las leyes, así como su restablecimiento. Además, dicho Código estableció que esa garantía y la protección en mención, están a cargo de la familia, la sociedad y el Estado.
Así también se ha dispuesto a través de leyes específicas la protección en aspectos puntuales, como por ejemplo para la atención preferente e integral de los niños y niñas con cáncer, así como para evitar el castigo físico, los tratos crueles, humillantes o degradantes y cualquier tipo de violencia como método de corrección, entre otras muchas leyes más.
Hace un par de meses, en otra columna de nuestra autoría (SOS por los niños en Colombia), se hizo un llamado de socorro para que las diferentes instancias responsables de garantizar los derechos y las libertades de los NNA, asumieran de una vez por todas y de la debida manera esa protección que dicha población vulnerable requiere, pues en el escenario del día a día de su realidad, sus derechos y sus libertades seguían siendo violentados y sus necesidades no venían siendo atendidas de la debida forma por el Estado colombiano.
En ese momento la foto que justificó dicho llamado de socorro mostraba que en Colombia los NNA cada año seguían quemándose con pólvora, padecían hambre, desnutrición crónica y también aguda, sufrían además de violencia intrafamiliar, seguían siendo víctimas del conflicto armado, las niñas seguían siendo sometidas a violaciones y a embarazos no deseados, carecían de programas integrales de salud pública para enfrentar la orfandad derivada de la pandemia así como los problemas de salud mental que se han causado en ellos por ese evento de salud pública, no tenían ayuda especializada para vencer los riesgos psicosociales en las familias causados por Covid-19, así como tampoco existían programas serios para lograr que ellos recuperaran las habilidades académicas perdidas por la pandemia.
Ese panorama que es real y comprobable, evidencia que este país dista mucho de ser garantista en el respeto de los derechos y las libertades de los NNA, a tal punto que ese marco normativo de supuesta protección integral, resulta absolutamente teórico y muy lejano de ser de verdad un escudo protector para esta población.
De manera reciente, el Centro de Investigación Innocenti del Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF publicó el Informe “Lugares y espacios. Entornos y bienestar infantil”, en el que se analiza la oferta de entornos saludables para los NNA en el mundo, tanto en los países ricos como en los que no lo son. En dicho Informe se consideraron aspectos como la disponibilidad de agua no contaminada que puedan beber, la calidad de aire de buena calidad que puedan respirar, que tuviesen hogares libres de plomo y moho, el hacinamiento en sus casas y el acceso a zonas verdes para jugar a salvo de accidentes de tránsito.
La información que sirvió de referencia para esta investigación fue la que estaba disponible sobre las condiciones ambientales que afectan el bienestar infantil en 39 países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos – OCDE, entre los que está Colombia.
¿Cómo le fue a Colombia en este reporte de la UNICEF? La respuesta es simple pero grave: ¡mal! En cuatro ítems puntuales y fundamentales abordados en la investigación, la UNICEF informa que Colombia no está haciendo las cosas bien favor del bienestar de los NNA.
Por ejemplo, Colombia presenta el mayor número de años perdidos de vida sana medidos por cada mil niños menores de 15 años (3,7 años) porque respiran aire tóxico tanto fuera como dentro de sus hogares.
Así también, Colombia es uno de los 13 países de los 39 revisados, en los que no hay cobertura completa de agua potable, saneamiento y lavado de manos. A tal punto que este país presenta la cifra más alta de años de vida sana pedidos por encima de México y Turquía, que son los que le siguen en este deshonroso escalafón.
Al revisarse la posibilidad de tener un espacio silencioso propio para que los NNA tengan tanto privacidad como un ambiente adecuado para el estudio, más del 30% de esta población en Colombia no cuenta con su propio escritorio ni con un lugar tranquilo para estudiar adecuadamente.
Según el Informe, los accidentes de tránsito siguen siendo una de las principales causas de mortalidad infantil en todo el mundo. Como promedio, en cada país de los que fueron analizados en la investigación, se pierden 1,34 años de vida sana por cada mil niños debido a accidentes de tránsito, siendo Colombia uno de los tres países (la acompañan México y Turquía), cuya población de NNA presenta la mayor pérdida de años de vida sana, que es mayor a 3 años, cuando la cifra más baja la tienen Suecia, Finlandia, Malta e Irlanda con menos de 0,65 años.
Con este escenario reportado por la UNICEF nuevamente se muestra que la población infantil y adolescente de este país no está recibiendo la protección por parte del Estado en la defensa de sus derechos y libertades y frente al ejercicio investigativo, resulta por demás evidente que en estos cuatro aspectos analizados, Colombia tampoco ha cumplido con su obligación de darle debida atención garantista de sus derechos a los NNA.
Durante la semana que está concluyendo, la Sociedad Colombiana de Pediatría – SCP, recordó lo que está ocurriendo a nivel mundial, cuando enfatizó que “cuatro de cada cinco niños entre los 2 y 14 años son sometidos a formas violentas de disciplina en sus hogares”. Este gremio médico enfatizó que la pandemia por el coronavirus colocó en mayor exposición “a los niños a un riesgo mayor de violencia, explotación y abuso”.
En ese mismo orden de ideas, la SCP manifestó que a pesar de las conocidas consecuencias adversas que le traen a los NNA el castigo físico, “esta práctica es aceptada” y la ven como normal, cuando es precisamente lo contrario, pues no es para nada normal y definitivamente hay que abandonarla.
Al final, nuevos matices llegan a la foto de realidades negativas que hoy tienen y viven los NNA en Colombia, matices para nada alentadores sino preocupantes y lamentables. Son demasiados los niños, las niñas y adolescentes que en este país están padeciendo las consecuencias que no se les reconozcan sus derechos ni su condición de protección preferente dada las vulnerabilidades que presentan.
Si hace un par de meses el panorama de esta población en Colombia ameritó a través de estas líneas un llamado de socorro para que sus necesidades fuesen debidamente atendidas y garantizadas por quienes tienen que hacerlo, ahora con esta nueva información ese llamado de socorro cobra urgencia e importancia aún mayor, sobre todo porque además son muchos los NNA a los que en este país no se les está garantizando un entorno saludable, viéndose privados de vivir en hogares saludables, lo que significa para ellos un daño irreversible en su bienestar actual y futuro, amenazándose así las generaciones futuras de colombianos.
Para quien en Colombia asuma la Presidencia de la República en agosto próximo, le queda un gran e ineludible compromiso de priorizar en su gobierno a la población de NNA para mejorar sus entornos, especialmente a aquellos que hoy se encuentran en condición de mayor vulnerabilidad, garantizándoles políticas ambientales adaptadas a esta población y proteger así su futuro.
Así las cosas, la política pública de atención a esta población vulnerable también debe incluir acciones pedagógicas diferenciadas, acciones de salud mental que se complementen tanto con tratamiento psicológico como manejo psicoemocional. En esa línea, se debe fomentar la creación de centros de formación, brindando recursos y herramientas para educar, orientar y disciplinar sin violencia.
Solo si el Estado, la sociedad y la familia protegen y atienden debidamente a esta población, es que una gran cantidad de los NNA que hoy habitan en Colombia, no seguirán sintiéndose que se encuentran en el peor de los mundos, muy lejos de ser sujetos de la atención preferente a la que tienen derecho, a la protección que merecen recibir por su vulnerabilidad y sus libertades que requieren ser garantizadas.
