SANTA MARTA_ Para el próximo 26 de enero quedó fijada la audiencia de pacto de cumplimiento entre Cormagdalena, MinTransporte, MinHacienda y el DNP para desarrollar una solución a la problemática de erosión en el municipio de Salamina, organizada por el Tribunal Administrativo del Magdalena.
La razón de esta nueva audiencia está el hecho que durante la última sesión, celebrada ayer martes, se generó una controversia sobre la solicitud y aprobación de los recursos para la intervención.
El procedimiento plasmado en la audiencia indica que Cormagdalena, como articulador del plan maestro, radicó el presupuesto por $95.790 millones de pesos ante el Ministerio de Transporte. Esta última entidad debía trasladar este presupuesto al Ministerio de Hacienda.
Sin embargo, según queda en evidencia, el Ministerio de Hacienda asegura que antes la propuesta debe ser enviada a revisión al Departamento Nacional de Planeación para que haga un estudio -con una duración de un mes y medio- y se pueda proceder a solicitar los recursos.
En medio de ese ‘tire y afloje’ de responsabilidades, el procurador ambiental y agrario Jorge Escobar remarcó que “debe haber una respuesta concreta del Ministerio de Hacienda para saber si es realizable el plan que están proponiendo”.
La intervención más sentida durante la audiencia vino de la propia magistrada convocante, María Victoria Quiñones Triana, quien recordó que “la provincia tiene el mismo derecho que la capital para la designación de recursos. Tengan consideración de lo que está ocurriendo en el departamento”.
Así las cosas mientras 52 mil habitantes de la subregión río esperan una solución para evitar que el río Magdalena inunde sus viviendas y cuando el proyecto está en fase de socialización de diseños, aún no hay certeza de dónde y cuándo vendrán los recursos para evitar la catástrofe.
