SANTA MARTA_ Un nuevo avance en la defensa de los usuarios del servicio de energía eléctrica en el Caribe colombiano se produjo con la decisión del Consejo de Estado de confirmar las medidas cautelares decretadas dentro de la acción popular presentada por las personerías de Santa Marta, Barranquilla y Riohacha, orientada a garantizar tarifas más justas y la protección de los derechos colectivos de los consumidores.
La acción popular fue presentada con el propósito de proteger los derechos colectivos al acceso a los servicios públicos domiciliarios y a que estos sean prestados de manera eficiente y oportuna, así como los derechos de los consumidores, frente al sostenido incremento de las tarifas de energía que ha afectado a millones de habitantes de la región.
En su decisión, el Consejo de Estado confirmó las medidas cautelares decretadas por el Tribunal Administrativo del Atlántico y modificó la orden impartida al Ministerio de Minas y Energía y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), fortaleciendo las obligaciones orientadas a garantizar una solución estructural al problema tarifario.
La alta instancia judicial concluyó que existe una amenaza cierta e inminente sobre los derechos colectivos de los usuarios del Caribe colombiano, al evidenciar que las tarifas de energía han mantenido una tendencia creciente, especialmente entre 2021 y 2022, impulsada principalmente por el componente tarifario asociado a las pérdidas de energía. Asimismo, estableció que el incremento del Índice de Pérdidas Totales (IPT), derivado del déficit de inversión en infraestructura, ha impedido una reducción efectiva de esos costos, impactando directamente la economía de los hogares y agravando los índices de pobreza monetaria en la región.
En consecuencia, el Consejo de Estado ordenó que, dentro de las actuaciones administrativas que adelanta la CREG, se adopten medidas inmediatas encaminadas a modernizar la infraestructura eléctrica, fortalecer los sistemas de medición del consumo, prevenir el fraude y las conexiones irregulares, verificar que las pérdidas reportadas por los operadores correspondan a la realidad, reducir de manera efectiva el componente de pérdidas dentro de la fórmula tarifaria y garantizar que la variación de las tarifas en la región Caribe sea proporcional frente al promedio nacional.
Para la Personería Distrital de Santa Marta, esta decisión representa un importante respaldo a la defensa de los derechos colectivos de los ciudadanos y constituye un avance significativo en la búsqueda de tarifas de energía más justas para los habitantes del Caribe colombiano.
La entidad reafirma su compromiso de continuar ejerciendo las acciones constitucionales y legales necesarias para la protección de los derechos de los usuarios de los servicios públicos, y hará seguimiento al cumplimiento de las órdenes impartidas por la jurisdicción contencioso administrativa para garantizar que las medidas adoptadas se traduzcan en beneficios reales para la ciudadanía.
