TENERIFE_ La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) abrió un proceso sancionatorio ambiental contra la empresa Prohidrik S.A.S. E.S.P., operadora del sistema de alcantarillado en el municipio de Tenerife, tras evidenciarse graves fallas en la Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR) de Villa Lía, que estarían provocando vertimientos de aguas residuales en la ciénaga de Tapegua, un ecosistema protegido de alta sensibilidad.
La actuación de la autoridad ambiental se da como respuesta a una denuncia formal presentada por la Personería Municipal, la cual alertó sobre los desbordamientos reiterados de aguas contaminadas que afectan tanto a la comunidad como al entorno natural.
Durante una inspección técnica reciente, funcionarios de Corpamag constataron el deterioro avanzado de la estación de bombeo. El informe técnico reveló filtraciones, malos olores, falta de tapas de seguridad y la existencia de un canal abierto por el que fluyen residuos directamente hacia la ciénaga. También se detectó el mal funcionamiento de una bomba manual clave para el sistema, cuya falla ha sido determinante en los vertimientos.
Frente a esta situación, la entidad ambiental emitió una serie de recomendaciones urgentes, entre ellas:
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Sustitución inmediata de la bomba manual por una bomba automática.
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Mantenimiento correctivo y preventivo de la EBAR.
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Cierre de los puntos de escape de aguas negras hacia el ecosistema.
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Descontaminación del suelo afectado.
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Poda controlada del área de influencia.
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Caracterización físico-química y microbiológica del agua vertida.
“El ecosistema de Tapegua y la salud de la comunidad no pueden seguir siendo vulnerados. Estamos exigiendo a la empresa que asuma su responsabilidad. Corpamag ratifica su compromiso de seguir trabajando por el bienestar de la comunidad y la protección del ecosistema”, declaró Gustavo Pertúz Valdéz, subdirector de Gestión Ambiental de la corporación.
Con el proceso sancionatorio, Corpamag busca determinar la responsabilidad de Prohidrik S.A.S. frente a los posibles daños ambientales y garantizar que se adopten las medidas correctivas de manera inmediata, en cumplimiento del derecho constitucional a un ambiente sano.
