El Magdalena está en riesgo de perder su bono demográfico juvenil. Cerca del 27,2 % de la población departamental tiene entre 14 y 28 años, lo que equivale aproximadamente a 326.000 personas (DANE, 2025). De este total, el 55,1 % reside en zonas urbanas y el 44,9 % en zonas rurales. Municipios como Santa Marta, Ciénaga, Fundación y El Banco concentran el mayor número absoluto de jóvenes, mientras que localidades más pequeñas, como Zapayán, Pedraza o San Sebastián de Buenavista, presentan proporciones relativas de juventud que superan el promedio departamental. Las mujeres constituyen el 50,9 % de esta población, aunque participan en menor medida tanto en educación superior (43,3 %) como en empleo formal (31,4 %) frente a los hombres (DANE, 2025).
La cobertura y calidad de la educación media en el Magdalena continúan rezagadas. La cobertura neta se sitúa en apenas 39,6 % y la bruta en 96,8 %, con tasas de extraedad del 12,7 % y repitencia del 12,36 % (Gobernación del Magdalena, 2025). El desempeño académico también es bajo: en 2024, el puntaje promedio en las pruebas Saber 11 fue de 231,8, muy por debajo del promedio nacional de 286,9 (ICFES, 2025). Esta brecha es visible incluso dentro del departamento: los estudiantes urbanos obtuvieron en promedio 226 puntos, mientras que los rurales solo alcanzaron 212. Además, solo el 42% de los graduados accede a la educación superior, muy por debajo del promedio nacional de 33 % (Fundación Empresarios por la Educación, 2024; MEN, 2023; Cálculos propios con base MEN, 2025).
Esta limitada transición revela fallas estructurales en la articulación entre la educación media y la formación posmedia, así como barreras de acceso económico y geográfico. En respuesta, programas como Talento Magdalena y Talento Santa Marta han facilitado el ingreso de miles de jóvenes a la universidad con financiación pública. Hasta 2025, Talento Magdalena ha beneficiado a 2.764 jóvenes mediante convenios con 14 alcaldías, mientras que Talento Santa Marta ha otorgado 255 becas para bachilleres de instituciones oficiales (Universidad del Magdalena, 2024). Asimismo, la ampliación de la sede del INFOTEP en Ciénaga —con una inversión de $39.000 millones— fortalecerá la educación técnica, permitiendo que el 99 % de sus 3.600 estudiantes accedan a formación gratuita y con infraestructura renovada (MEN, 2024).
Los jóvenes del Magdalena enfrentan profundas dificultades en términos de empleo, informalidad y bajos ingresos. Según cálculos propios con base en la GEIH, en abril de 2025 la tasa de ocupación juvenil (18 a 28 años) fue del 53,9 %, frente a un promedio nacional de 63,8 %. El desempleo juvenil alcanzó el 17,9 % y un 38 % de los jóvenes ocupados se considera subempleado subjetivo. Cerca del 85,2 % de los jóvenes con empleo lo hacen en la informalidad; incluso entre quienes tienen título de bachiller la tasa es del 68,7 %. En términos de ingresos, un joven con bachillerato completo gana en promedio $550.000 mensuales, frente a $840.000 a nivel nacional. La educación técnica o tecnológica eleva este ingreso a $850.000, y la educación profesional lo supera con $1.400.000 (GEIH, 2025).
Esta segmentación laboral evidencia no solo la desconexión entre el sistema educativo y el mercado productivo, sino también una economía regional que no logra absorber adecuadamente a sus jóvenes cualificados. La penalización salarial para mujeres jóvenes alcanza el 20 % frente a los hombres, superando el promedio nacional (LEE, 2023), lo que reafirma la necesidad de transversalizar el enfoque de género en todas las políticas públicas. Además, más de 100.000 jóvenes del departamento están en condición NEET, de los cuales el 62 % son mujeres (De la Torre y Morón, 2023). Esta cifra es elocuente: representa trayectorias truncadas y riesgos de reproducción intergeneracional de la pobreza.
Pese a la existencia de un marco normativo nacional robusto —Ley Estatutaria 1622 de 2013, Ley 1885 de 2018, Decreto 1860 de 2021, CONPES 173 de 2014, CONPES 4040 de 2021— y a los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 como “Jóvenes en Paz” o la creación del Ministerio de la Igualdad, su implementación territorial es todavía incipiente. A nivel departamental, el Plan de Desarrollo 2024–2027 ‘12+1 Ruta del Cambio para Superar la Pobreza’ incluye el compromiso de formular e implementar la Política Pública Departamental de Juventud (Gobernación del Magdalena, 2024), pero hasta la fecha no ha sido adoptada por ordenanza, lo que debilita su capacidad normativa y presupuestal.
En Santa Marta, la política pública de juventud fue adoptada mediante el Acuerdo 004 de 2014, aunque se encuentra próxima a su vencimiento. El Plan de Desarrollo Distrital 2024–2027, bajo el eje “Santa Marta avanza en una política social moderna para transformar vidas”, incluye metas específicas para jóvenes en salud, educación, cultura, deporte y vivienda. Se destaca la conformación del Consejo Distrital de Juventudes para el periodo 2024–2025. Sin embargo, solo Ciénaga y Plato han adoptado políticas municipales con vigencia normativa clara. En otros casos, como Fundación, existen lineamientos vía decreto, pero sin articulación interinstitucional ni sostenibilidad.
La carencia de plataformas activas – junto con la ausencia de metas verificables, indicadores comunes y recursos designados – compromete la viabilidad de los instrumentos de juventud en más del 90 % de los municipios del Magdalena (Morón, 2025). A esto se suma la desconexión entre los Consejos Municipales de Juventud y la planificación territorial, lo que limita su incidencia real. Sin un Sistema Departamental de Juventud coordinado, la respuesta institucional seguirá siendo fragmentaria.
Igualmente, preocupante es la débil articulación entre políticas de educación, empleo, salud y protección social. La mayoría de las estrategias operan de forma aislada, sin mecanismos conjuntos de seguimiento ni metas compartidas entre dependencias locales. Esto debilita la gobernanza y dispersa los recursos. Incluso programas como Jóvenes en Paz enfrentan limitaciones técnicas y presupuestales para su implementación en departamentos como el Magdalena.
La falta de estructuras municipales que permitan implementar programas como ingreso solidario juvenil, formación dual o reconexión educativa, impide escalar políticas efectivas en los municipios más rezagados. Además, la corresponsabilidad fiscal sigue siendo baja: muchos municipios no asignan recursos específicos para juventud en sus presupuestos anuales, lo cual vulnera el principio de progresividad consagrado en la Ley Estatutaria 1622.
Sin embargo, existen experiencias nacionales que podrían inspirar respuestas ajustadas al contexto local. En Bogotá, el programa Parceros por Bogotá —basado en transferencias condicionadas, acompañamiento psicosocial y capacitación— logró reincorporar educativa y productivamente a más del 60 % de los jóvenes NEET. En Medellín, la Red de Escuelas de Formación para el Trabajo articula trayectorias flexibles con empresas ancla, integrando formación con necesidades sectoriales. Esquemas como estos, con cofinanciación e intermediación laboral a través de agencias de empleo o cajas de compensación, pueden ser replicados con ajustes al contexto magdalenense.
El Ministerio de Igualdad podría jugar un rol central en la transversalización del enfoque juvenil, especialmente en ámbitos de cuidado, ruralidad y género. El Departamento del Magdalena debería liderar una alianza piloto con esta cartera, focalizando intervenciones en municipios donde convergen exclusiones múltiples, especialmente en mujeres jóvenes rurales. El territorio no parte de cero. Pero si no cierra la brecha entre lo normativo y lo operativo, seguirá acumulando frustraciones en una generación que ya carga con promesas incumplidas.
Hoy, la situación de los bachilleres en el Magdalena es alarmante. Luego de 15 años de formación —más del 17 % de la vida promedio de un colombiano —, el título de educación media no garantiza la continuidad en el sistema educativo ni el acceso a un empleo digno. Los tiempos han cambiado. Cuando obtuve mi título de bachiller en mi pueblo, ese logro representaba una dignidad excepcional: era uno de los pocos miembros de mi familia con ese nivel de educación y hasta me decían ‘docto’. El título era tan valorado —como lo relataba Escalona y lo cantaba Diomedes Díaz en El Bachiller— que, en Plato, donde la malicia indígena brota silvestre, llegó a existir una ‘fábrica’ de diplomas. Ante la falta de trazabilidad —sin códigos QR, ni registros digitales, ni controles de custodia— bastaba con que un joven frustrado llegara a esa casa, eligiera el colegio deseado y saliera investido como bachiller. Todo terminaba con una pregunta tan práctica como vigente: ¿cuánto vale el cartón?
