SANTA MARTA_ La diputada del Magdalena, Rosita Jiménez, denunció públicamente la falta de respuesta de las autoridades tras el atentado armado del que fue víctima el pasado 31 de marzo, asegurando que la ausencia de medidas de protección la obligó a salir de su territorio para salvaguardar su vida.
Según la dirigente política, han pasado varios días desde el ataque sin que se hayan adoptado acciones concretas por parte de las instituciones encargadas de su seguridad. Jiménez afirmó que no se ha convocado un consejo de seguridad ni se han fortalecido las medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía.
“Me han dejado sola (…) obligándome al exilio para salvaguardar mi vida”, expresó la diputada, quien responsabilizó a las autoridades por la falta de respuesta frente al riesgo que enfrenta.
El atentado ocurrió cuando la funcionaria se movilizaba en una camioneta blindada por la vía entre Santa Marta y Ciénaga, donde hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo. Aunque resultó ilesa, el hecho generó preocupación por las garantías de seguridad para líderes políticos en la región.
Jiménez también cuestionó que, pese a haber enviado comunicaciones formales a distintas entidades, no ha recibido respuestas efectivas. En ese sentido, advirtió que ejercer control político en el Magdalena puede implicar riesgos graves para la vida.
Por su parte, la gobernadora del Magdalena, María Margarita Guerra, expresó su solidaridad y aseguró que se han impartido instrucciones para avanzar en la investigación y dar con los responsables del atentado. Sin embargo, la diputada insistió en que estas manifestaciones no se han traducido en acciones reales de protección.
El caso ha reavivado el debate sobre la seguridad de los líderes políticos y las garantías para el ejercicio democrático en el país, especialmente en regiones donde persisten amenazas y hechos de violencia contra figuras públicas.
