SANTA MARTA_ Un grupo de 27 docentes del Distrito de Santa Marta denunció haber sido víctima de presuntos ataques informáticos que habrían permitido el acceso irregular a sus cuentas bancarias, ocasionando la pérdida de millones de pesos en ahorros y salarios. Los educadores aseguran que los hechos vienen ocurriendo desde hace más de un mes y que, hasta el momento, no han obtenido respuestas satisfactorias por parte de la entidad financiera involucrada.
La denuncia fue liderada por Cristóbal Campo Fontalvo, docente de la Institución Educativa Distrital Laura Vicuña, quien informó que los casos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Magdalena, bajo el presunto delito de hurto por medios informáticos. Según explicó, varios afectados han reportado bloqueos en sus dispositivos móviles, solicitudes de validación de trámites que nunca realizaron y débitos por transferencias electrónicas a través de plataformas como PSE y Bre-B sin su autorización.
De acuerdo con los testimonios recopilados, las pérdidas oscilan entre uno y nueve millones de pesos por persona. Campo Fontalvo aseguró que inicialmente creyó ser un caso aislado, pero posteriormente identificó que al menos otros 26 docentes enfrentaban situaciones similares. Los afectados sostienen que la entidad bancaria les ha informado que las transacciones fueron autorizadas desde los dispositivos asociados a las cuentas, razón por la cual no asumiría responsabilidad por los recursos sustraídos.
La situación también ha sido denunciada por docentes de otros municipios del Magdalena. En reportes conocidos esta semana se mencionan casos de maestros que aseguran haber perdido importantes sumas de dinero de sus cuentas de nómina y ahorros, lo que ha generado preocupación entre el gremio educativo y cuestionamientos sobre los mecanismos de seguridad digital de las entidades financieras.
Ante la falta de soluciones, los educadores anunciaron una concentración para exigir la devolución de los recursos y pedir avances en las investigaciones. Los denunciantes afirman que, además del impacto económico, la situación ha afectado su tranquilidad, salud emocional y estabilidad familiar. Mientras tanto, esperan que las autoridades judiciales y los organismos especializados en delitos informáticos determinen el origen de los ataques y establezcan posibles responsabilidades.
