SANTA MARTA_ La Fiscalía General de la Nación reafirmó ayer martes, mediante resolución de acusación, la responsabilidad de los exjefes paramilitares Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’, y Adriano Sánchez Comas, alias ‘Don Joaco’, como autores y determinadores del asesinato del profesor Roque Morelli Zárate, entonces decano de la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena, ocurrido en septiembre de 2002 en Santa Marta.
La acusación, emitida por la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos del ente acusador, establece que el homicidio fue cometido por “odios ideológicos”, al considerar a Morelli como simpatizante o colaborador de sectores de izquierda o de la guerrilla. El crimen habría sido parte de un plan sistemático de eliminación de figuras académicas y sociales incómodas para las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), particularmente del Bloque Norte, que operaba en el Magdalena.
La Fiscalía descartó cualquier participación del entonces rector de la Universidad del Magdalena, Carlos Caicedo Omar, quien había sido objeto de señalamientos durante años. Caicedo celebró la confirmación de su inocencia en redes sociales:
“La verdad sigue abriéndose paso. Siempre fui inocente. Durante más de 20 años enfrenté amenazas por parte de paramilitares, sus aliados políticos y sectores empresariales que, disfrazados, usan la política. Hoy la Fiscalía confirma nuevamente lo que siempre denuncié”.
Las conclusiones del órgano judicial se basan en testimonios ofrecidos por exparamilitares ante el sistema de Justicia y Paz, incluidos Hernán Giraldo Serna, los hermanos Rojas, y Willinton Mora Buenhaber. Este último relató que la orden de asesinar a Roque Morelli fue emitida por José Gregorio Rojas, con base en una lista de personas señaladas como “objetivos” entregada por Walter Torres. Mora también afirmó que la información sobre los objetivos provenía de Hernán Giraldo y que Tovar Pupo era el comandante directo de los implicados.
Entre las pruebas clave presentadas por la Fiscalía se encuentra la denuncia de que dicha lista fue suministrada por fuerzas del Estado, a través del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), lo cual refuerza la tesis de connivencia entre estructuras paramilitares y organismos de inteligencia del Estado colombiano en la ejecución de crímenes de lesa humanidad.
Con esta acusación, se afianza una verdad histórica largamente denunciada por defensores de derechos humanos y víctimas del conflicto: el asesinato de Roque Morelli no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia violenta de silenciamiento ideológico en el seno de la academia y la sociedad civil del Magdalena.
