SANTA MARTA_ La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exgobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga (2016-2019), por presunto fraccionamiento de contratos para la prestación de servicios de comunicación en 2016.
La investigación también cobija a los entonces jefes de la Oficina Jurídica y la Oficina Asesora de Comunicaciones y Protocolo, Eduardo Rafael Rodríguez Orozco y Elkin Leandro Carbonó López, respectivamente.
Los cuestionados negocios jurídicos fueron celebrados el 18 de marzo de 2016 con la empresa IVM Marketing Publicidad SAS por $300 millones; el 14 de abril del mismo año con Aremilde Pinto por $431 millones y ese mismo día con Producciones Yijanith Franco EU por $431.800 millones.
A juicio del Ministerio Público la exgobernadora no habría adelantado las acciones de vigilancia y control pertinentes frente a estos bilaterales celebrados para prestar el servicio de difusión masiva de la información institucional, pues al parecer, la única variación de un contrato a otro fueron los medios de comunicación que se debían utilizar para prestar el servicio.
En consecuencia, presuntamente se configuró un fraccionamiento del objeto contractual para evitar el proceso de selección abreviada que correspondía adelantar en este caso, teniendo en cuenta que la sumatoria del valor estipulado para cada contrato asciende a $ 1,162,800,000.
Entre tanto, se formuló pliego de cargos al jefe de la Oficina Jurídica para la época de los hechos, Eduardo Rodríguez, quien al parecer, al celebrar en la misma vigencia estos tres acuerdos de voluntades con prácticamente el mismo objeto, habría configurado el cuestionado fraccionamiento.
También se cuestionó la conducta del Elkin Carbonó quien presuntamente elaboró los estudios previos y posteriormente como supervisor de los contratos habría certificado su cumplimiento y autorizado los pagos correspondientes sin que, al parecer, se hayan acreditado con suficiencia la ejecución de las obligaciones previstas.
En ese sentido, llama la atención de la Procuraduría que algunos medios de comunicación manifestaron no haber tenido relación comercial alguna con una de las empresas contratadas por la gobernación. No obstante, aparecen mencionados en los informes del contratista.
Las conductas reprochadas a los investigados fueron calificadas provisionalmente como falta gravísima a título de culpa gravísima.
