SANTA MARTA_ El movimiento Fuerza Ciudadana ha emitido un comunicado denunciando lo que ellos describen como un asalto «político mañoso y consecuente con prácticas ilegítimas», llevado a cabo. presuntamente, por el alcalde Carlos Pinedo.
El foco del ataque se centró en los cambios de las gerencias del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) y la Empresa Social del Estado (ESE) Alejandro Próspero Reverend.
Desde Fuerza Ciudadana, se responsabilizó a quienes ostentan el control de la Alcaldía de Santa Marta por cualquier repercusión en materia de salud y en los proyectos gestionados por las gerencias afectadas.
El movimiento repudió la forma «arbitraria y grosera» en que se llevó a cabo la toma de la ESE. Se criticó «el rápido proceso llevado a cabo por la Contraloría Distrital y la Personería Distrital, ambas presuntamente influenciadas por Pinedo Cuello, que resultaron en la destitución de la Gerente de la entidad, a pesar de que presentaba un superávit de $3.000 millones de pesos».
El comunicado destaca la presencia nocturna de la Personería, liderada por el hermano de Carlos Pinedo, Osmer Pinedo, condenado por estafa. Esta situación fue calificada como un intento de irrumpir en las oficinas de la ESE de manera violenta, insultando al personal y desafiando la institucionalidad.
Fuerza Ciudadana argumenta que la ESE se ha «vuelto apetecible para los políticos debido a su clasificación actual de «SIN RIESGO» según el Ministerio de Salud y Protección Social».
El comunicado proporciona una lista de 20 razones que explican por qué los políticos estarían interesados en apoderarse de la administración y finanzas de la ESE Distrital. Entre estas razones, se destacan logros financieros, mejoras en la facturación, aumento en la contratación de EPS, adquisición de equipamiento médico, ampliación de la capacidad instalada, entre otros.
Finalmente, Fuerza Ciudadana hizo un llamado al gobierno nacional, la Procuraduría, los jueces y la Fiscalía para que prioricen las denuncias presentadas y castiguen a aquellos que, en nombre de instituciones públicas, «están atropellando la institucionalidad y afectando a los ciudadanos».
