SANTA MARTA_ El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), ha emitido un panfleto en el que declara como «objetivos militares» a jueces y fiscales del departamento del Cesar, exigiendo la liberación de tres de sus integrantes detenidos. El documento, fechado el 13 de abril, circula ampliamente en redes sociales y aplicaciones de mensajería, generando alarma entre los funcionarios judiciales y la comunidad en general .
En el panfleto, el grupo armado ilegal amenaza de muerte a los operadores judiciales, acusándolos de actuar en contra de la organización y de no seguir sus órdenes. “Todo aquel que no esté acatando órdenes será acribillado. No los perdonaremos, jueces y fiscales. No estamos jugando. Los acribillaremos”, se lee textualmente en el escrito, acompañado por una imagen de hombres armados en un supuesto campamento guerrillero.
El documento menciona con nombres propios a dos funcionarias adscritas al distrito judicial de Valledupar: la fiscal Lina Oñate y la jueza Mónica Quiroz, lo que ha incrementado la preocupación en la región Caribe, donde los actores armados ilegales mantienen influencia en zonas rurales y urbanas .
Desde la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial Seccional Cesar, se emitió un enérgico pronunciamiento rechazando las amenazas y exigiendo al Gobierno nacional atención prioritaria para garantizar la vida e integridad de los funcionarios del sector justicia. “La justicia no se detendrá. No permitiremos que las armas silencien la ley”, expresó la Comisión en su comunicado, al tiempo que agradeció la reacción inmediata de la Policía Metropolitana de Valledupar, encargada de activar los protocolos de seguridad .
En respuesta a esta nueva ofensiva, el presidente Gustavo Petro ordenó un despliegue urgente de tropas en zonas estratégicas del Cesar, Magdalena, Antioquia y Córdoba, donde el Clan del Golfo mantiene presencia activa. Además, se contempla la reubicación de algunos funcionarios en riesgo y la asignación de nuevos esquemas de protección .
El reciente panfleto no solo revive el temor por los ataques del “plan pistola” –que ha cobrado la vida de más de 31 policías y militares en semanas recientes–, sino que marca una peligrosa escalada al incluir como blancos a los operadores judiciales, pilares del Estado de derecho en el país .
Las autoridades continúan monitoreando la situación y han reforzado los operativos de inteligencia y contraofensiva en las regiones afectadas, mientras que el alto gobierno advirtió que no cederá ante amenazas de organizaciones criminales que buscan desestabilizar el sistema judicial y presionar la liberación de sus cabecillas .
