Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
El Magdalena enfrenta un deterioro sostenido en pobreza y desigualdad. La pobreza monetaria pasó de 50,3 % en 2023 a 51,7 % en 2024, mientras que a nivel nacional se redujo de 34,6 % a 31,8 % (DANE, 2025a; 2025b). El Departamento es el más pobre del Caribe y el tercero a nivel nacional, después de La Guajira (65,7 %) y Chocó (67,4 %). En 2024, 770 mil personas estaban en pobreza monetaria, 28 mil más que en 2023. La pobreza extrema pasó de 19,8 % a 23,2 %, es decir, 345 mil personas sin ingresos para cubrir la canasta básica, el mayor deterioro nacional. Mientras Bogotá redujo 352 mil pobres, el Magdalena incorporó nuevos. En el Caribe, Cesar, Córdoba y Atlántico mejoraron o se mantuvieron, mientras el Magdalena fue la única excepción. El contraste con la caída del Índice de Pobreza Multidimensional entre 2020 y 2023, superior a 12 puntos porcentuales, confirma que los avances en privaciones fueron neutralizados por la pérdida de ingresos. Sin empleo estable y formal, la reducción de privaciones no se sostiene (Suárez, Naranjo y Otero, 2024). Estas carencias han detonado paros y bloqueos que interrumpen comercio y educación, con pérdidas estimadas entre 38.000 y 49.000 millones de pesos diarios (Morón, 2025).
La desigualdad agrava el panorama. El Gini departamental aumentó de 0,497 a 0,504 entre 2023 y 2024, lo que refleja un deterioro en la distribución del ingreso (DANE, 2025a). En 2022, la pobreza multidimensional rural alcanzaba 34,9 %, frente a 17 % en cabeceras, lo que confirma un campo mucho más rezagado (DNP, 2024). La combinación de pobreza creciente y desigualdad más alta constituye una anomalía preocupante. A nivel internacional, está demostrado que la inequidad reduce la elasticidad del crecimiento sobre la pobreza y que el acceso desigual a servicios básicos impide aprovechar sus beneficios (IMF, 2021; Ferreira et al., 2022). En Colombia, entre 1996 y 2000 la pobreza aumentó por el desempleo, mientras que entre 2000 y 2004 cayó gracias a la recuperación laboral y a mejoras salariales rurales (Núñez, Ramírez y Cuesta, 2005). Estudios recientes confirman que, con alta desigualdad, el crecimiento no reduce la pobreza, que la flexibilización sin protección social precariza ingresos y que las transferencias tienen un efecto decreciente en el tiempo (Ariza, Saldarriaga y Retajac, 2023; Páez y Jiménez, 2024). En el Caribe, entre 2012 y 2021 el Magdalena creció 3,6 % anual, pero su pobreza monetaria aumentó 2,8 puntos porcentuales, mientras que a nivel nacional cayó 1,5 (Casa Grande Caribe–UTB, 2023). Se trata de un crecimiento poco inclusivo.
En lo productivo y competitivo, el Departamento depende del agro, la ganadería, el turismo y los puertos (Pro Santa Marta, 2025). Predominan banano, palma, café y arroz; concentra el 5,1 % del hato bovino nacional. Sin embargo, el agro presenta baja productividad e informalidad: 73 % de las unidades rurales reporta pobreza superior al promedio, limitaciones de infraestructura y baja capacidad técnica, lo que aumenta la vulnerabilidad frente al cambio climático (Aguirre, Piraneque y Morón, 2024). La expansión agropecuaria compite con ecosistemas estratégicos como la Ciénaga Grande y la Sierra Nevada, lo que hace evidente que pobreza y sostenibilidad ambiental están estrechamente ligadas. En turismo, Santa Marta y el Tayrona concentran visitantes, pero el impacto no se extiende al resto del territorio. En 2024, Santa Marta registró 37,9 % de pobreza monetaria, por encima del promedio urbano nacional (DANE, 2025a). El resto del Magdalena mantiene economías de subsistencia y escasa industrialización. Los conflictos de uso del suelo y la presión sobre ecosistemas estratégicos muestran la urgencia de un ordenamiento integral. Tanto el POD (2018) como la Visión Magdalena 2032 lo habían advertido, pero la respuesta ha sido parcial (Universidad del Magdalena, 2018; DNP, 2011). El Gini predial rural alcanza 0,89, uno de los más altos del país (IGAC, 2024), con predominio ganadero en 67 % del área intervenida pese a que solo 7,8 % tiene vocación para ello, mientras casi la mitad del suelo agrícola permanece subutilizado. La estructura empresarial es frágil: predominan micro y pequeñas unidades, en su mayoría informales, lo que limita el desarrollo de cadenas de valor.
En el mercado laboral, más del 84 % de los ocupados rurales y 61 % de los urbanos carecen de protección social (Orozco y Portillo, 2025). En 2025, la informalidad en Santa Marta alcanzó 58,3 %, concentrada en transporte y expendio de alimentos (DANE, 2025c). Casi la mitad de los ocupados no tiene contrato escrito. El problema juvenil es crítico: más de una cuarta parte está en condición de NINI, con costos sociales y económicos de largo plazo (De la Torre y Morón, 2023). En competitividad, el Índice Departamental de Competitividad ubicó al Magdalena en los últimos lugares, con debilidades en instituciones, infraestructura, TIC, educación superior e innovación (Consejo Privado de Competitividad, 2025). La informalidad del 77,8 % y el predominio del autoempleo (62 %) limitan la productividad. Estudios multivariantes confirman rezagos en capital humano, sofisticación empresarial e infraestructura, reduciendo la atracción de inversión (Durán y Ordóñez, 2025).
El andamiaje social incluye Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y la Renta Ciudadana, que transfiere hasta 500.000 pesos bimestrales a hogares en pobreza extrema (DPS, 2023). El marco normativo —PND 2022–2026, Ley 715 y Ley 2200— prioriza justicia social, pero su efectividad depende de la capacidad de gestión local (Congreso de Colombia, 2022). En el nivel departamental, tanto el POD (2018) como la Visión Magdalena 2032 diagnosticaron rezagos en uso del suelo, infraestructura y competitividad, mientras que el actual Plan de Desarrollo 2024–2027 retoma la lucha contra la pobreza como eje transversal (Gobernación del Magdalena, 2024). Sin embargo, la limitada capacidad institucional ha restringido el impacto de estas apuestas.
Superar la situación del Magdalena exige transformaciones de fondo. Invertir en infraestructura rural es prioritario: sin vías terciarias, electrificación, agua potable e internet, los pequeños productores siguen atrapados en economías de subsistencia. La brecha se refleja en la dificultad para movilizar productos agrícolas desde zonas del Río y del Sur hasta los puertos de exportación. Experiencias de Antioquia muestran que la conectividad rural amplifica la productividad agrícola y mejora el acceso a servicios básicos. Diversificar la economía mediante agroindustria, cadenas frutícolas, café especial y logística portuaria es también una urgencia.
El puerto de Santa Marta, con ventajas naturales de profundidad y ubicación, ofrece una plataforma para articular corredores productivos, siempre que se acompañe de políticas de formación laboral y alianzas público-privadas que multipliquen valor agregado. Fortalecer la educación técnica y tecnológica en agroindustria, turismo sostenible y logística es indispensable para vincular a los jóvenes al tejido productivo y reducir la condición de desconectados. Universidades, el SENA y centros de formación deben coordinar programas que respondan a las demandas del mercado regional. Blindar las transferencias monetarias y ampliar su cobertura, garantizando que ningún hogar permanezca en indigencia, es un complemento necesario. La Renta Ciudadana ha mostrado impacto inmediato, pero requiere estabilidad y articulación con programas de formación laboral para convertirse en motor de movilidad social. La gestión pública también debe fortalecerse: la percepción de corrupción y la baja capacidad de planeación reducen la eficacia de cualquier política social. Se requieren sistemas de gestión basados en resultados, veedurías ciudadanas y rendición de cuentas. Avanzar en el catastro multipropósito es otra condición clave: en un departamento con alta informalidad de la propiedad rural, su actualización permitirá formalizar predios, ampliar el acceso a crédito y mejorar la capacidad fiscal de los municipios.
Reconocer las diferencias internas del territorio es igualmente fundamental. El Norte, el Centro, el Río, el Sur y Santa Marta enfrentan realidades distintas: mientras en la capital los problemas giran en torno al empleo informal urbano y servicios colapsados, en el Sur y el Río predominan aislamiento, falta de infraestructura y dependencia de economías agrícolas de bajo valor. Diseñar políticas diferenciadas es más complejo, pero indispensable para que las intervenciones tengan impacto. Finalmente, la integración de la población migrante es un reto ineludible. Más de 83 mil venezolanos residen en el departamento, el 72 % en Santa Marta. Su inclusión en el mercado laboral y el acceso a servicios básicos pueden representar una oportunidad de dinamización si se diseñan programas de inclusión productiva. No hacerlo perpetúa condiciones de vulnerabilidad y aumenta la competencia por recursos públicos escasos.
En conclusión, el Magdalena no solo enfrenta un rezago estructural: también tiene una oportunidad política y técnica. No es poca cosa que un Departamento con tanta diversidad cultural, ecosistémica y estratégica siga atrapado en indicadores de atraso. Revertir esta tendencia no depende únicamente de transferencias asistenciales, sino de un crecimiento incluyente que articule educación, infraestructura, sostenibilidad ambiental y productividad con fortalecimiento institucional. Lo más preocupante es que no es común observar el aumento simultáneo de pobreza y desigualdad: esta doble tendencia confirma un deterioro estructural del bienestar que coloca al departamento en una situación crítica. Transformar al Magdalena tendría un efecto clave para toda la región Caribe y para el país: demostrar que sí es posible pasar de administrar pobreza a generar desarrollo sostenible, garantizando la estabilidad regional y reforzando la legitimidad del Estado en las periferias.
