BOGOTÁ_ En medio de un creciente debate sobre los recursos destinados al financiamiento de créditos educativos a través del Icetex, la Procuraduría General de la Nación realizó una inspección al Ministerio de Hacienda para esclarecer las razones de las demoras en los giros presupuestales. La situación, que afecta a estudiantes y universidades en todo el país, ha generado alarma en diversos sectores.
La comisión, liderada por Claudia Hernández, procuradora delegada para la Función Pública, buscó establecer qué ha provocado los retrasos en el desembolso de los recursos, los cuales son fundamentales para garantizar la continuidad de los créditos educativos aprobados por el Icetex.
Hernández destacó que esta visita está relacionada con una investigación disciplinaria en curso, iniciada tras una denuncia presentada por la Asociación de Universidades. Dicha organización alertó sobre el impacto que estos retrasos podrían tener en miles de estudiantes que dependen de estos recursos.
Según informó la Procuraduría, el Ministerio de Hacienda y el Icetex habían acordado un cronograma para normalizar los desembolsos durante el segundo semestre del año. Sin embargo, el ministerio público busca confirmar si este compromiso se está cumpliendo, además de prevenir recortes presupuestarios que puedan poner en riesgo el acceso a los créditos educativos.
Claudia Hernández afirmó: “En el marco de esta acción preventiva, vamos a verificar los recursos destinados para el 2025, con el fin de asegurar que se cubran los créditos educativos. Esto es fundamental, ya que a la fecha no se han entregado los formularios necesarios para asignar los créditos a los estudiantes”.
De acuerdo con información divulgada por la Revista Semana, el Ministerio de Hacienda no ha transferido aún los 402 mil millones de pesos correspondientes al presupuesto de créditos educativos del 2024. Estos fondos deben ser inicialmente entregados al Ministerio de Educación, liderado por Daniel Rojas, antes de llegar al Icetex para su distribución. Esta demora ha generado preocupación entre estudiantes, universidades y padres de familia, quienes temen que la falta de liquidez pueda afectar la continuidad de los estudios de miles de jóvenes.
Según información de El Colombiano, la intervención de la Procuraduría busca garantizar que los recursos sean manejados con transparencia y que los compromisos asumidos por el Gobierno se cumplan de manera efectiva. Por ahora, la entidad continuará vigilando de cerca la situación para asegurar que no se repitan inconvenientes en el futuro y que los estudiantes puedan acceder a los recursos de forma oportuna.
