BOGOTÁ_ Varios desacuerdos en el Congreso han estado relacionados con la reforma tributaria o Proyecto de Ley de Financiamiento que busca implementar el Gobierno de Gustavo Petro. La propuesta, que busca recaudar $12 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025, ha encontrado oposición por su monto de $523 billones, lo que llevó a su devolución al Gobierno tras la revisión en las Comisiones Económicas de Senado y Cámara.
Uno de los puntos más comentados de la reforma es el aumento del impuesto al carbono, que afectaría directamente al sector extractivo. La iniciativa propone subir la tarifa de $25.000 por tonelada a $75.000, lo que ha despertado preocupación en varios sectores, pues el impacto no solo se sentirá en el precio de la gasolina y el diésel, sino también en el costo de los tiquetes aéreos, pues el combustible de avión experimentaría un alza.
Luis Carlos Reyes, ministro de Comercio, Industria y Turismo, reconoció este efecto, aunque defendió la necesidad de que el turismo participe en la descarbonización de la economía.
“El combustible de avión afecta al precio de los tiquetes aéreos y, por eso, recordemos cómo funciona ese proceso: el Gobierno propone, pero el Congreso de la República dispone y eso está bien”, expresó Reyes, también reconocido en redes sociales como ‘Mr. Taxes’.
Por otra parte, las tarifas del servicio de energía también corren el riesgo de incrementar su valor para los usuarios, de acuerdo con una advertencia hecha por la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), la cual aseguró que el impuesto al carbón afectaría significativamente la generación de energía. El gremio estima que la tarifa de energía eléctrica podría subir $80 pesos por hora de kilovatio, generando un impacto económico de $4.5 billones al año.
Otras industrias dependientes del carbon también recibirían un impacto negativo en caso de que esta medida sea aprobada por el Congreso, indicó la Andeg. Dentro de dichos gremios se encuentran la siderurgia, el cemento y el papel.
La propuesta también ha sido criticada por modificar la gradualidad del impuesto, planteando la aplicación de un 75% de la tarifa en 2025, lo que, según Andeg, pone en riesgo la estabilidad del proceso de transición energética en el país.
