BOGOTÁ_ Esta semana, la agenda nacional girará en torno a las discusiones sobre el aumento del salario mínimo en Colombia para 2025, por eso, gremios empresariales, sindicatos y el Gobierno Petro se empezarán a reunir para analizar variables económicas como la inflación, la productividad y el desempeño económico, además de factores políticos que podrían influir en la decisión.
En su más reciente informe, el tanque de pensamiento de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), presentó un análisis integral del contexto laboral en materia salarial, exponiendo los efectos de incrementos desmesurados del mínimo sobre el empleo y la informalidad. “Si bien esta medida busca beneficiar a los trabajadores, paradójicamente desconoce a la mayoría de los trabajadores en la informalidad y profundiza los desafíos estructurales del mercado laboral colombiano”, anotó Anif.
Así mismo, indicó que el mínimo en Colombia se constituyó como un mecanismo para garantizar condiciones laborales justas, bajo la premisa de mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias. “En consecuencia, la legislación define que el incremento anual debe, al menos, equipararse con la inflación. No obstante, usualmente los aumentos han superado considerablemente la inflación. De acuerdo con los economistas, la “regla universal” para el incremento del salario mínimo sería el equivalente a la inflación más el cambio en la productividad. Ahora bien, en Colombia, los incrementos han superado lo que esa regla dictaría. Así, la decisión del incremento no ha respondido únicamente a la inflación y al dato preliminar de productividad presentado por el Dane en las mesas de concertación, sino también a factores políticos”, añadió Anif.
Anticipándose al arranque de estas discusiones, Anif pidió que en la conversación deben considerarse los efectos económicos sobre los trabajadores no representados en la mesa cuando los incrementos del salario mínimo exceden la fórmula técnica. “Con base en nuestra proyección de inflación de noviembre y fin de año, 5,15% y 5%, respectivamente, y nuestros cálculos de un incremento de productividad de 0,78%, consideramos que el salario para 2025 no debería aumentar más de 6%. Aumentos por encima del 6% no solo no están justificados por los fundamentales económicos, sino que pueden seguir ampliando la brecha entre los trabajadores formales y aquellos excluidos de dicha formalidad”, se lee en el reporte de Anif.
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, dejó claro que el incremento no puede ser de dos cifras y manifestó que el punto de partida para la negociación sería un aumento del 6,2 por ciento para 2025, aunque otras fuentes del Gobierno Nacional han afirmado que podría llegar a ser del 6,4 por ciento.
Según Valora Analitik, las centrales obreras proponen un ajuste mínimo del 10% en el salario mínimo, lo que representaría un incremento de aproximadamente $130.000, elevando el monto total a $1.430.000. A esta cifra se sumaría el aumento en el auxilio de transporte, por lo que el salario total podría alcanzar cerca de $1.500.000.
Por su parte, los empresarios plantean un incremento más moderado, del 6%, lo que equivaldría a un aumento de $78.000 para 2025. Esta diferencia en las propuestas refleja la distancia entre las expectativas de los trabajadores y las del sector empresarial en la mesa de negociación.
