BOGOTÁ_ En Colombia, instalar cámaras de seguridad tanto en viviendas como en negocios es legal y una práctica cada vez más común para proteger bienes y personas. Sin embargo, esta actividad está regulada por normas que buscan equilibrar la seguridad con el respeto a la intimidad y la protección de datos personales.
Las grabaciones privadas tomadas por cámaras de videovigilancia pueden servir como pruebas en investigaciones judiciales si registran hechos relevantes, y las autoridades como la Policía, la Fiscalía o el CTI pueden solicitarlas para esclarecer delitos, incluso sin orden judicial cuando hay riesgo de pérdida de evidencia. La colaboración con estas solicitudes es obligatoria.
Sin embargo, no todo uso es libre. Si bien es legal grabar zonas visibles desde el exterior de una propiedad, no se puede utilizar ese sistema para vigilar inapropiadamente la vida privada de terceros ni hacer seguimientos injustificados que vulneren derechos fundamentales.
Las imágenes captadas por las cámaras también contienen datos personales, como rostros y movimientos de personas, por lo que su tratamiento está sujeto a la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012) y al Código de Procedimiento Penal, que establecen principios para garantizar la privacidad y el uso responsable de esa información.
Compartir grabaciones o difundirlas en redes sociales o grupos de mensajería puede vulnerar el derecho a la intimidad si se hace sin consentimiento o fuera de los fines de seguridad, por lo que se recomienda no difundir imágenes sin autorización y solo entregarlas a autoridades competentes cuando lo soliciten.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tiene la facultad de imponer sanciones significativas —de hasta miles de salarios mínimos— por incumplimiento de la normativa de protección de datos personales
relacionada con el uso de cámaras y el tratamiento de las imágenes.
La regulación busca dar un marco claro para el uso de sistemas de vigilancia que, aunque valiosos para la seguridad, también deben respetar derechos fundamentales, como el derecho a la intimidad y al habeas data de las personas captadas en video.
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