Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
Los resultados del Senado del 8 de marzo de 2026 en el Magdalena ofrecen un hallazgo que rompe con la lectura habitual sobre la diversidad política del Departamento. El voto a los cuatro partidos tradicionales —Liberal, Conservador, La U y Cambio Radical— promedió 74,2 % en el Departamento; en Santa Marta fue del 49,1 % y, excluida la capital, los veintinueve municipios restantes promedian 75,0 % con mediana de 76,4 % y desviación estándar de 5,8 puntos. Veintiocho superan el 60 %, veintisiete el 65 % y veinticuatro el 70 %. Los más tradicionales son Pijiño del Carmen (81,8 %), San Sebastián de Buenavista (81,3 %), Sabanas de San Ángel (80,7 %), San Zenón (80,4 %) y Nueva Granada (80,1 %); el menos tradicional, excluyendo a Santa Marta, es Ciénaga, con 58,3 %. El comportamiento electoral del Departamento no es heterogéneo: es uniforme, con una sola excepción. La pregunta no es por qué algunos municipios votan tradicional, sino por qué los veintinueve restantes lo hacen al mismo nivel.
Glaeser, Ponzetto y Shleifer (2007), con evidencia de 137 países, formalizaron cuatro canales por los cuales la educación reduce el clientelismo: menor costo de procesar información política, mayor costo de oportunidad del voto comprado, organización colectiva no jerárquica y mayor valoración de bienes públicos; los 7,71 años de escolaridad del Magdalena sin Santa Marta —frente a 10,50 en la capital— son consistentes con esos canales operando en sentido inverso. Stokes, Dunning, Nazareno y Brusco (2013) documentaron que el clientelismo electoral es más probable donde el capital humano es bajo, la informalidad es alta y la capacidad fiscal autónoma es débil, condición que en el Magdalena cumplen veintinueve de treinta municipios. Acemoglu y Robinson (2012) sostienen que las condiciones materiales que limitan la diversificación política tienden a reproducirse cuando ningún actor con poder de cambio tiene incentivos para modificarlas; veintiséis años después de la Ley 617 de 2000, veintinueve de los treinta municipios están en categoría 6, ninguno ha ascendido y Ciénaga —el único que en la última década había llegado a categoría 5— retrocedió por incumplir los límites de gasto. La hipótesis es directa: lo que en otros departamentos opera como condición de algunos municipios, en el Magdalena opera como regla general.
El análisis cubre los treinta municipios del Magdalena con cinco fuentes independientes: la Registraduría Nacional (votación 2026); los microdatos GEIH del DANE 2025–febrero 2026 sobre 41.135 personas-mes del Departamento, imputados a cada municipio por ponderación cabecera-rural según el CNPV 2018; el Sistema CHIP-FUT (recaudo predial per cápita); el ICFES (Saber 11 2025, 478 instituciones y 16.916 evaluados); y la Contaduría General de la Nación (categoría municipal). Las asociaciones documentadas son condicionales, no causales identificadas, pues las variables se determinan conjuntamente en equilibrio territorial; la imputación cabecera-rural suaviza las estimaciones entre municipios con composición similar, por lo que las brechas reales podrían ser mayores. Con estas salvedades, los resultados son consistentes con la literatura sobre clientelismo, capital humano y captura institucional.
Los resultados se ordenan en tres puntos. El primero documenta la uniformidad material del Departamento. Según la Contaduría General de la Nación, veintinueve de los treinta municipios son categoría 6 —incluida Ciénaga, según El Informador (2026)— y solo Santa Marta es categoría 1. El recaudo predial per cápita anual de Santa Marta supera los $230.400; en los veintinueve restantes promedia $25.750, con máximo de $64.271 y mínimo de $11.418: brecha de 8,9 veces. Los años de escolaridad de la población mayor de quince años son 10,50 en Santa Marta y se ubican entre 7,23 y 8,37 en los veintinueve restantes. La proporción con secundaria completa es 70,6 % en Santa Marta y 38,7 % en el resto, con máximo de 46,1 %. La proporción con educación superior con título es 6,58 % en Santa Marta y 2,44 % en el resto. La informalidad laboral es 58,2 % en Santa Marta; en los veintinueve restantes ningún municipio baja del 78,4 % y el promedio es 81,7 %. El IPM 2018 es 29,8 % en Santa Marta y 61,6 % en el resto. El puntaje Saber 11 ponderado es 249,8 en Santa Marta y 217,8 en el resto. La población mediana de los veintinueve municipios es 20.312 habitantes y catorce no llegan a esa cifra.
El Magdalena es un territorio con veintinueve municipios pobres, rurales, informales, poco educados y de baja capacidad fiscal, y una capital separada del resto por una brecha que las cifras del presente ejercicio documentan con magnitud excepcional: 3 años de escolaridad menos en cualquiera de los veintinueve municipios frente a Santa Marta, 32 puntos porcentuales menos de secundaria completa, 24 puntos porcentuales más de informalidad, 32 puntos porcentuales más de pobreza multidimensional y un recaudo predial per cápita 8,9 veces menor. En el campo del Magdalena, la probabilidad de que el hijo de un trabajador informal alcance la educación universitaria es del 8,2 %, frente al 39,4 % cuando el jefe del hogar es formal, y los retornos a la escolaridad caen del 11 % en la zona urbana al 3 % en la rural, en un Departamento donde la brecha de escolaridad entre la capital y el resto rural alcanza 3,6 años (Morón, 2026). Esta uniformidad había sido documentada desde hace casi dos décadas (Romero, 2007).
El segundo resultado relaciona estas condiciones con el comportamiento electoral. Las correlaciones con el voto tradicional 2026 son consistentes con la literatura. La pobreza multidimensional 2018 se asocia positivamente en r = +0,94, el logaritmo del recaudo predial per cápita negativamente en r = −0,92, la participación electoral positivamente en r = +0,90, los años de escolaridad negativamente en r = −0,85, la informalidad positivamente en r = +0,79 y la categoría municipal positivamente en r = +0,71. La participación electoral fue 51,2 % en Santa Marta y 62,3 % en los veintinueve restantes, con máximo de 69,3 % en Pijiño del Carmen. El Pacto Histórico subió 10,2 puntos porcentuales en Santa Marta entre 2022 y 2026 pero solo 3,8 en el resto. Los años de escolaridad explican el 72 % de la varianza intermunicipal del voto tradicional y un modelo con cuatro variables alcanza el 94,6 %. Al comparar dos medidas educativas surge una observación relevante: los años de escolaridad se asocian con el voto tradicional en r = −0,85, mientras que el puntaje Saber 11 lo hace en r = −0,37. Lo que erosiona la captura clientelar en el Magdalena no es la calidad de la educación sino la cobertura acumulada de la población adulta; cerrar la brecha de calidad sin antes cerrar la de cobertura tiene un retorno electoral marginal. La lectura sustantiva: las correlaciones no provienen de la heterogeneidad interna del Departamento sino del contraste entre una capital con escolaridad, recaudo y formalidad cercanas al promedio nacional, y veintinueve municipios cuyos indicadores están en la cola inferior de la distribución colombiana.
El tercer resultado conecta la uniformidad con un mecanismo institucional. La categoría 6 en la que se ubican veintinueve de los treinta municipios impone, según la Ley 617 de 2000, salarios de planta topados, menores controles administrativos y mayores topes de gastos de funcionamiento. Las plantas técnicas municipales son reducidas y la capacidad para estructurar proyectos bajo la Metodología General Ajustada del DNP queda limitada. Los municipios productores y receptores de regalías terminan dependiendo de consultorías externas y operadores intermediarios que retienen parte del recurso antes de la ejecución. Los avalúos catastrales desactualizados mantienen baja la base de ingresos propios y, en consecuencia, baja la categoría. La cadena causal corresponde a la que Acemoglu y Robinson (2012) describen para territorios atrapados en equilibrios de baja diversificación política: baja capacidad fiscal autónoma, baja capacidad técnica instalada, alta dependencia de transferencias y operadores externos, alta participación electoral capturada por estructuras tradicionales que bloquean las reformas necesarias para modificar el equilibrio.
La pregunta inicial admite ahora una respuesta articulada. El voto a los partidos tradicionales en el Magdalena no se explica por la preferencia ideológica individual sino por la convergencia de cinco condiciones materiales que operan en veintinueve de los treinta municipios. La baja escolaridad —ninguno supera los 8,4 años frente a 10,5 de Santa Marta— reduce los canales de procesamiento de información política y eleva la dependencia de intermediarios partidistas, en línea con Glaeser, Ponzetto y Shleifer (2007). La alta informalidad —ninguno baja del 78,4 %— elimina los mecanismos de protección social contributiva que reducirían la demanda de bienes privados clientelares, como predicen Stokes y otros (2013). El bajo recaudo predial —8,9 veces inferior al de Santa Marta— restringe la capacidad fiscal autónoma y deja al municipio dependiente de transferencias canalizadas por estructuras partidistas nacionales. La categoría 6 generalizada limita la planta técnica y traslada la captura del recurso a operadores externos articulados con esas mismas estructuras. Y la alta participación electoral —11,1 puntos superior a la de Santa Marta— no es señal de virtud cívica sino de eficacia de la maquinaria: la participación se asocia negativamente con el recaudo predial per cápita (r = −0,624), es decir, donde menos autonomía fiscal hay, más se vota. Las cinco condiciones se sostienen mutuamente y producen el resultado observado: 75 % de voto tradicional con desviación estándar de 5,8 puntos en veintinueve municipios. Es un equilibrio territorial.
El desafío de política pública se ordena en cuatro ejes que se refuerzan entre sí y cuya implementación aislada tendría alcance limitado. Primero, actualización catastral obligatoria del IGAC y modernización del cobro predial en los veintinueve municipios distintos de Santa Marta: si la condición es general, la política tiene que serlo. Segundo, una reforma de la Ley 617 que incorpore un tercer criterio de categorización basado en el Índice de Desempeño Integral del DNP, en línea con Bahl y Bird (2008), de modo que la categoría refleje la capacidad técnica instalada y no solo la población y los ingresos corrientes. Tercero, ampliar la oferta de educación media y superior técnica y tecnológica en los municipios distintos de Santa Marta, donde la escolaridad no supera los 8,4 años y los adultos con secundaria completa no superan el 46,1 %. Cuarto, fortalecer el control de campañas locales y judicializar el intercambio de bienes por votos. Mientras la baja escolaridad, la alta informalidad, el bajo recaudo predial y la categoría 6 sigan describiendo no a un puñado de municipios extremos sino a la práctica totalidad del Departamento, el comportamiento electoral municipal del Magdalena continuará reflejando la estructura territorial que lo origina, antes que las preferencias programáticas de sus ciudadanos.
