Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
Santa Marta registró una tasa de desempleo de 12,0 % en el trimestre móvil febrero–abril de 2026. El indicador, sin embargo, captura solo una parte del problema, porque excluye por definición a quienes, queriendo trabajar, han dejado de buscar empleo y por tanto no se contabilizan como desempleados. Según cálculos propios a partir de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE para marzo de 2026, cerca de 47.300 samarios en edad de trabajar desean un empleo pero no realizan diligencias para conseguirlo, magnitud equivalente a una vez y media el número de desempleados que registran las estadísticas. Comprender quiénes son y qué condiciones elevan la probabilidad de llegar allí es tan relevante como analizar la tasa de desempleo.
La literatura denomina a este grupo trabajadores desalentados. El fenómeno se interpreta como una decisión de búsqueda: una persona participa en el mercado solo si la utilidad esperada de buscar empleo supera la de no hacerlo, de modo que un mercado con baja probabilidad de colocación reduce los incentivos y empuja a una parte de la fuerza laboral hacia la inactividad (Dagsvik, Kornstad y Skjerpen, 2013). El desaliento no expresa ausencia de disposición a trabajar, sino una respuesta a un mercado que no recompensa la búsqueda. Que opere en Santa Marta es indicativo, pues la evidencia señala que el desánimo predomina en economías desarrolladas, mientras que en los países en desarrollo suele imponerse el efecto contrario, por el cual el deterioro del ingreso del hogar lleva a más miembros a buscar trabajo (Lee y Parasnis, 2014); su presencia mide la severidad de las restricciones del mercado local.
La caracterización del grupo, restringida a la población entre 15 y 59 años para excluir el retiro por edad, ofrece un perfil definido. El 79 % de los desalentados samarios en edad activa son mujeres —cerca de 12.500 de un total próximo a 15.800—, frente al 61 % en el resto de la población no ocupada; la edad media es de 43 años, el 45 % son jefes de hogar y solo el 19 % son menores de 28 años (DANE, 2026). No es, por tanto, un fenómeno juvenil, sino que afecta a adultos en edad productiva. El rasgo que más lo distingue aparece en el hogar: el 26 % convive con al menos un menor de seis años, frente al 16 % del resto. Y la razón que declaran lo precisa: dos de cada tres no buscan empleo porque no saben cómo hacerlo, uno de cada cinco porque está cansado de buscar y cerca del 8 % porque no encuentra trabajo apropiado a su oficio.
Para precisar esa relación se estimó la probabilidad de que una persona no ocupada en edad activa sea un trabajador desalentado, según sus características y las de su hogar. Los efectos marginales son significativos y consistentes. La presencia de un menor de seis años en el hogar es el factor de mayor peso: incrementa la probabilidad en 8,5 puntos porcentuales; vivir en pareja la reduce en 5,5 puntos, lo que sugiere que el ingreso del cónyuge opera como red parcial; y cada año adicional de edad la eleva en cerca de 0,7 puntos. El hallazgo central surge al distinguir por sexo: el efecto del cuidado infantil recae sobre las mujeres. Para una mujer en edad activa, la presencia de un menor de seis años aproximadamente triplica su probabilidad de convertirse en desalentada, mientras que para un hombre el efecto es nulo.
Este resultado prolonga la evidencia sobre la penalización por maternidad. Las estimaciones muestran que tener un hijo menor de seis años reduce la probabilidad de participación laboral femenina entre 13,3 y 17,7 puntos porcentuales en Santa Marta, mientras que en los hombres el efecto es nulo e incluso se observa una prima por paternidad (Kleven, Landais y Søgaard, 2019; Morón, 2026). El desaliento es el eslabón final de esa cadena: una fracción de las mujeres que la maternidad aparta del mercado no transita hacia empleos de menor calidad, sino que abandona la búsqueda y deja de ser contabilizada. La penalización no se agota en menores salarios o mayor informalidad; en su forma extrema expulsa a la madre del mercado y la vuelve estadísticamente invisible. De ahí que cuatro de cada cinco personas que se retiran de la búsqueda sean mujeres, en su mayoría a cargo de un menor que ni el mercado ni el Estado sostienen: el desempleo oculto de Santa Marta tiene rostro de mujer.
Este patrón no es local. En el conjunto del país el trabajador desalentado es igualmente mujer en su mayoría, de edad media y no joven, y su principal determinante vuelve a ser la presencia de menores en el hogar, lo que confirma que el predominio femenino responde a la distribución desigual del cuidado y no a una circunstancia de la ciudad. La diferencia está en la educación: mientras en el país la probabilidad de desaliento desciende conforme aumenta el nivel educativo —el título universitario opera como seguro frente al desánimo—, en Santa Marta esa gradación se interrumpe. El desaliento afecta al 19,2 % de quienes tienen primaria o menos, baja al 9,8 % en secundaria y media, repunta al 17,6 % entre técnicos y tecnólogos y se mantiene en 10,2 % entre universitarios, tasa apenas inferior a la de quienes solo terminaron el bachillerato (DANE, 2026). En la ciudad, el título deja de cumplir su función protectora.
La consecuencia es que el desaliento samario está más calificado que el promedio nacional: el 43 % de quienes han abandonado la búsqueda cuenta con formación postsecundaria —técnica, tecnológica o universitaria—, proporción que duplica la del agregado nacional. La razón que declaran confirma el origen: entre ellos, cerca del 19 % no busca porque no encuentra trabajo apropiado a su oficio o profesión, respuesta que desaparece entre quienes solo cursaron hasta la media. El obstáculo no es la ausencia de empleo, sino la falta de empleo acorde con su formación. Una estructura productiva concentrada en comercio, turismo y transporte de baja productividad no demanda suficiente capital humano calificado, y el profesional que no halla vacante compatible abandona la búsqueda. Es un desajuste entre una oferta educativa que amplió su cobertura y un aparato productivo que no la absorbe, que desperdicia la inversión hecha en esa formación y compromete la diversificación económica de la ciudad.
El desaliento trasciende el caso individual. Una política que mide su desempeño solo por la tasa de desempleo subestima el problema, porque quien deja de buscar desaparece de la fuerza laboral y de las estadísticas que orientan las decisiones: el desempleo registrado puede estabilizarse y la informalidad mejorar sin que la situación de fondo cambie. Por eso las medidas ampliadas de subutilización, que incorporan a los desalentados, son más informativas que la tasa de desempleo convencional en mercados como el samario.
El perfil ordena la respuesta de política pública en cuatro frentes. El primero, y de mayor retorno, es la provisión pública de cuidado infantil —jornadas extendidas, centros de desarrollo infantil, cuidado comunitario—, pues ataca el principal determinante del desaliento y su concentración en las mujeres. A él se suman la intermediación laboral con enfoque de género, que corrige a bajo costo el desconocimiento de los canales de búsqueda; la articulación entre la oferta educativa y un aparato productivo que demande capital humano calificado; y el seguimiento técnico del mercado a través del ORMET, que monitoree no solo el desempleo abierto sino el desaliento y la subutilización, para ajustar las políticas con base en evidencia.
La existencia de cerca de 47.300 personas que, queriendo trabajar, han dejado de buscar empleo no es un episodio coyuntural, sino la manifestación de restricciones estructurales: una matriz productiva poco diversificada, una distribución desigual del cuidado que penaliza la participación femenina y un desajuste entre formación y demanda que neutraliza los retornos de la educación. Mientras persistan, reducir la tasa de desempleo no equivaldrá, por sí solo, a transformar el mercado laboral de la ciudad.
Esta problemática adquiere relevancia en la coyuntura electoral. Con Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta del 21 de junio de 2026, vale contrastar cómo aborda cada programa la barrera que aquí se señala como determinante del desaliento femenino: el peso del trabajo de cuidado. Cepeda lo enfrenta por la vía estructural, al situar la consolidación de un Sistema Nacional del Cuidado —orientado a redistribuir el trabajo doméstico no remunerado que recae sobre las mujeres— como política de Estado, y al proponer profundizar las reformas laboral y pensional. Es el enfoque que interpela de forma directa el principal predictor de este análisis, pues una oferta pública de cuidado liberaría el tiempo que hoy aparta a las madres de la búsqueda, aunque su alcance dependerá de la disponibilidad fiscal. De la Espriella lo aborda por la vía de los incentivos de mercado: confía en que una menor carga tributaria y un entorno favorable a la inversión dinamicen la demanda de trabajo, y lo complementa con formación y crédito para el emprendimiento femenino y un subsidio de maternidad para las mujeres del régimen subsidiado, su medida más cercana a la penalización por maternidad descrita.
Las dos visiones responden de forma distinta a un mismo problema: una redistribuye el cuidado desde el Estado para habilitar la participación; la otra estimula la empleabilidad y el ingreso confiando en la iniciativa privada. Ninguna agota el desafío samario, donde el desaliento tiene rostro de mujer y se concentra en hogares con menores y en personas calificadas sin empleo acorde con su formación. La decisión la tomarán las urnas; lo que no debería quedar a la coyuntura es el seguimiento técnico de los efectos de cualquiera de los dos caminos sobre la participación femenina, tarea del ORMET e indispensable para que las promesas se traduzcan, o no, en transformaciones verificables. El análisis se apoya en los microdatos de la GEIH del DANE para marzo de 2026, con factores de expansión, sobre la población entre 15 y 59 años no ocupada; sus estimaciones reportan asociaciones condicionales y no efectos causales, dado que las características del hogar y la decisión de participar se determinan de forma conjunta.
