Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
Colombia llega a esta segunda vuelta presidencial en una coyuntura económica que difícilmente puede calificarse como favorable. Si bien la pobreza monetaria se redujo hasta el 28 % de la población y el coeficiente de Gini descendió a 0,53, mostrando avances importantes en materia distributiva (DANE, 2026), la economía continúa enfrentando problemas estructurales que limitan su capacidad de crecimiento. El Producto Interno Bruto creció apenas 2,6 % durante 2025, una cifra insuficiente para cerrar brechas históricas de productividad y empleo frente a las necesidades del país. A ello se suma una inflación que el Banco de la República proyecta en 6,3 % para 2026, más del doble de su meta de largo plazo, situación que continúa erosionando el poder adquisitivo de los hogares, particularmente de aquellos con menores ingresos (Banco de la República, 2026).
Las preocupaciones son aún mayores cuando se observan las finanzas públicas. El déficit fiscal alcanzó niveles cercanos al 7 % del PIB en 2025 y la deuda pública se mantiene alrededor del 65 % del PIB, limitando significativamente el margen de maniobra del próximo gobierno (OCDE, 2025; Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2025). A esto se agrega una informalidad laboral superior al 55 % y profundas brechas territoriales que siguen separando a regiones como Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca de departamentos como Magdalena, La Guajira o Chocó (DANE, 2025). En otras palabras, Colombia no enfrenta una crisis económica, pero tampoco atraviesa una bonanza. La economía crece, aunque lo hace a una velocidad insuficiente para resolver problemas que llevan décadas acumulándose.
Es precisamente en este contexto donde los colombianos deberán elegir entre dos propuestas económicas claramente diferenciadas. Iván Cepeda parte de la premisa de que buena parte de los problemas estructurales del país tienen origen en la desigualdad y en la concentración de oportunidades. Por ello, su programa plantea profundizar la reforma agraria, fortalecer la banca pública, ampliar los sistemas de protección social y avanzar en una estrategia de transformación productiva que permita diversificar la economía nacional (Cepeda, 2026). Desde esta perspectiva, el crecimiento económico no puede entenderse únicamente como un aumento del PIB, sino como un proceso que debe traducirse en mayores oportunidades para sectores históricamente excluidos.
Esta propuesta encuentra respaldo en estudios que identifican la desigualdad como una restricción para el crecimiento de largo plazo al limitar el acceso a educación, crédito y activos productivos (Stiglitz, 2012). De igual forma, la CEPAL (2023) ha advertido que América Latina enfrenta simultáneamente problemas de baja productividad y elevada desigualdad. Sin embargo, el principal interrogante de esta estrategia radica en su sostenibilidad financiera. Con un déficit fiscal cercano al 7 % del PIB, la ampliación del gasto social exigirá nuevas fuentes de financiación o una mayor eficiencia del gasto público para evitar presiones adicionales sobre las finanzas nacionales.
Por su parte, Abelardo de la Espriella sostiene que el principal problema económico del país no es la desigualdad sino el bajo crecimiento. Su propuesta plantea reducir impuestos, simplificar regulaciones, disminuir el tamaño del Estado y fortalecer sectores como hidrocarburos, minería y energía como motores de inversión y generación de empleo (De la Espriella, 2026). Según esta visión, la generación de riqueza, la inversión privada y el empleo formal constituyen el camino más efectivo para mejorar el bienestar de la población.
La evidencia internacional ofrece argumentos que respaldan parcialmente esta posición. El Banco Mundial (2024) ha documentado que mejoras en el clima de negocios, la seguridad jurídica y la competitividad empresarial suelen estar asociadas con mayores niveles de inversión y crecimiento económico. Ningún país ha logrado reducir la pobreza de manera sostenida sin expandir previamente su capacidad productiva. No obstante, las propuestas de reducción tributaria también enfrentan restricciones evidentes. Con un déficit fiscal elevado y una deuda pública creciente, cualquier disminución significativa de los ingresos tributarios obliga a explicar cómo se compensarán los recursos que dejarían de ingresar al Estado. La experiencia internacional muestra que los efectos positivos de las reducciones de impuestos sobre la inversión suelen manifestarse en el mediano plazo, mientras que las necesidades de financiamiento público son inmediatas (OCDE, 2025).
A simple vista podría parecer que Colombia enfrenta una elección entre dos modelos completamente opuestos. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que los procesos exitosos de desarrollo han combinado distintos grados de intervención estatal con mercados dinámicos. Casos como Corea del Sur, Irlanda y los países nórdicos evidencian que el crecimiento económico sostenido suele surgir de la interacción entre instituciones sólidas, inversión privada, capital humano y políticas públicas orientadas a aumentar la productividad (Rodrik, 2011; Acemoglu y Robinson, 2012).
Por esa razón, el principal riesgo del debate político colombiano consiste en presentar un falso dilema. La evidencia muestra que Colombia necesita simultáneamente crecimiento económico, reducción de desigualdades y sostenibilidad fiscal. Necesita atraer inversión privada, pero también fortalecer capacidades estatales. Necesita generar empleo formal, pero igualmente mejorar la calidad de la educación y ampliar las oportunidades de movilidad social. Presentar estos objetivos como incompatibles conduce a diagnósticos incompletos y soluciones parciales.
Las diferencias entre ambas propuestas adquieren una dimensión particular cuando se observan desde las regiones. En el caso del departamento del Magdalena, la discusión no puede limitarse a escoger entre una mayor intervención estatal o una mayor participación del mercado. Según el DANE (2025), la informalidad laboral continúa ubicándose por encima del promedio nacional, mientras que los niveles de pobreza monetaria siguen reflejando rezagos importantes frente a los principales centros económicos del país. A ello se suman brechas históricas en infraestructura, calidad educativa, productividad y competitividad territorial documentadas por diversos estudios regionales (Casa Grande Caribe e IDEEAS-UTB, 2023; Durán, Ordóñez y Morón, 2025).
La evidencia reciente del departamento aporta elementos relevantes para este análisis. El turismo se ha consolidado como una de las principales actividades económicas de Santa Marta y el Magdalena, mientras que la actividad portuaria mantiene a la ciudad como uno de los principales nodos logísticos del Caribe colombiano (Analdex, 2021). Sin embargo, el desempeño de estos sectores depende tanto de la inversión privada como de la provisión de bienes públicos asociados a infraestructura, seguridad, movilidad, ordenamiento territorial, formación de capital humano y sostenibilidad ambiental. Situaciones similares se observan en la agroindustria, donde la competitividad está determinada simultáneamente por factores empresariales y por la disponibilidad de bienes públicos que reduzcan costos de producción y mejoren el acceso a mercados (Casa Grande Caribe e IDEEAS-UTB, 2023).
La literatura económica ha mostrado que los procesos exitosos de desarrollo regional suelen estar asociados a la interacción entre instituciones sólidas, inversión privada, capital humano e infraestructura productiva (Rodrik, 2011; Acemoglu y Robinson, 2012). En consecuencia, el debate económico que enfrenta Colombia en esta segunda vuelta trasciende la discusión sobre el tamaño del Estado o el grado de libertad económica. La evidencia disponible indica que el país necesita simultáneamente aumentar su productividad, fortalecer la inversión, mejorar la calidad del empleo y reducir brechas sociales y territoriales.
Mientras Cepeda propone fortalecer el papel del Estado como instrumento de redistribución y transformación productiva, De la Espriella plantea que la inversión privada y la libertad económica constituyen los principales motores del crecimiento. No obstante, la experiencia internacional muestra que las economías que han logrado avances sostenidos en desarrollo económico y bienestar social han combinado distintos grados de intervención estatal con mercados dinámicos e instituciones eficaces (OCDE, 2024; Rodrik, 2011). En este sentido, el principal desafío para Colombia no consiste únicamente en elegir entre dos enfoques de política económica, sino en construir capacidades institucionales que permitan impulsar el crecimiento, mejorar la productividad y reducir las brechas territoriales que continúan limitando el desarrollo nacional
