Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
El pasado 21 de junio fue elegido el nuevo presidente de la República para el periodo 2026-2030, con 12.959.542 votos, equivalentes al 49,66 % de la segunda vuelta, confirmado por el Consejo Nacional Electoral el 24 de junio (Registraduría Nacional, 2026). A un mes de su elección y a dos semanas de la posesión del 7 de agosto, el gobierno electo atraviesa la transición más atípica de la historia reciente: el empalme con el Gobierno Nacional saliente fracasó —suspendido el 7 de julio y terminado de manera definitiva días después—, mientras se puso en marcha, por primera vez, un empalme directo con gobernaciones y alcaldías. La pregunta de esta columna es doble: qué significa formular un Plan Nacional de Desarrollo sin empalme nacional, y qué deben hacer las regiones —el Magdalena en particular— para que el proyecto de plan sea también su ruta.
El punto de partida es la heterogeneidad territorial. La pobreza monetaria nacional pasó de 31,8 % en 2024 a 28,0 % en 2025; sin embargo, la incidencia rural (39,5 %) sigue representando 1,6 veces la de las cabeceras (24,6 %) y en el Caribe la mayoría de capitales supera el promedio: Riohacha registró 45,4 %, Sincelejo 43,3 %, Valledupar 40,2 % y Cartagena 34,6 % (DANE, 2026). Para el caso de Santa Marta, la incidencia cayó de 37,9 % a 28,6 %, la mayor reducción entre las 23 principales ciudades (9,3 puntos porcentuales). La convergencia es posible cuando concurren crecimiento, focalización y articulación; no es el resultado espontáneo del promedio.
La teoría del desarrollo regional explica por qué. Perroux (1955) mostró que el crecimiento no aparece en todas partes a la vez: se concentra en polos y se difunde con intensidad desigual. Myrdal (1957) advirtió que, librado a las fuerzas del mercado, ese proceso es de causación circular acumulativa: los territorios ganadores atraen capital y talento de los rezagados y las brechas se autorrefuerzan. Hirschman (1958) confió más en los efectos de goteo, pero reconoció que exigen una política deliberada de encadenamientos. Friedmann (1966) formalizó la relación centro-periferia como problema de planificación, y Krugman (1991) demostró que los rendimientos crecientes de la aglomeración pueden anclar a las regiones en trayectorias divergentes. En consecuencia, la literatura contemporánea aboga por políticas con enfoque territorial, diseñadas desde las capacidades de cada lugar, frente a intervenciones ciegas al espacio (Barca, McCann y Rodríguez-Pose, 2012). Un plan nacional que no planifique sus regiones, en suma, consolida a los ganadores.
El diseño constitucional colombiano recoge ese mandato: el gobierno entrante debe presentar el proyecto de plan al Congreso dentro de los seis meses siguientes a la posesión —a más tardar en febrero de 2027—, previo concepto del Consejo Nacional de Planeación, instancia con representación territorial, y la ley del plan de inversiones tiene prelación sobre las demás leyes (Const., 1991, arts. 339-344; Ley 152 de 1994). A ello se suma una asimetría de calendarios: los mandatarios locales 2024-2027 cursan su tercer año, con planes territoriales aprobados desde 2024; el nuevo plan llegará cuando les reste un año de ejecución. La ventana para incidir en el Plan Plurianual de Inversiones es corta y se abre ahora.
En ese calendario irrumpió la ruptura. En medio de señalamientos mutuos sobre el reconocimiento de los resultados, el presidente electo suspendió el empalme con la administración saliente y luego lo dio por terminado, sepultando las mesas técnicas sectoriales. Una transición sin entrega ordenada de información es un problema de información asimétrica: el plan se formulará sin el traspaso técnico sobre la situación fiscal, los pasivos contingentes y el estado real de los programas. Waterston (1965) documentó, con la experiencia de más de cien países, que el cuello de botella de la planificación no es la formulación sino la implementación, y que esta depende de los sistemas de información presupuestal y estadística.
El empalme territorial se convirtió, así, en el canal operativo de la transición. El primer encuentro, en Norte de Santander, dejó 18 proyectos que serán evaluados para su incorporación al plan; siguieron Casanare y Huila, se anunció una Gerencia de Regiones y la Federación Nacional de Departamentos consolida las apuestas de los 32 departamentos. La articulación temprana reduce los costos de transacción de la inversión pública, habilita la concurrencia de fuentes —Presupuesto General de la Nación, transferencias y regalías— y evita duplicidades. No obstante, la información de los mandatarios locales no reemplaza los datos administrativos de la Nación; el empalme regional compensa solo parcialmente el vacío que dejó el nacional.
Los riesgos son dos. La sobreexpectativa: en un contexto fiscal estrecho, es improbable que todas las iniciativas encuentren cupo en un cuatrienio, como advirtió el propio presidente electo. Y la dispersión: sin criterios explícitos de priorización, la asignación puede terminar guiada por la capacidad de cabildeo, favoreciendo a las regiones con mayor capacidad institucional —las menos pobres— y reproduciendo, dentro del propio plan, la causación acumulativa que describió Myrdal.
Estas consideraciones adquieren una dimensión particular desde el Magdalena. La ventana de febrero de 2027 premia a quien llegue con proyectos estructurados, y la experiencia de Santa Marta demuestra que las brechas se cierran cuando hay ejecución articulada. El reto es que agua potable, conectividad vial, seguridad alimentaria y la recuperación de la Ciénaga Grande lleguen al empalme con estudios y diseños, no como enunciados generales.
La implicación de política es la siguiente. Primero, condicionar la incorporación de proyectos al plan a su registro y maduración técnica en los bancos de proyectos, para que la priorización sea verificable. Segundo, focalizar la cofinanciación en los departamentos con pobreza superior al promedio nacional, direccionada a cerrar brechas y no a profundizarlas. Tercero, regionalizar las metas del plan —con indicadores y montos por departamento— para que la ciudadanía pueda hacer seguimiento. Y cuarto, ante el fracaso del empalme nacional, reconstruir la línea de base desde los sistemas de información oficiales (SIIF, DANE, DNP y órganos de control). Si ello se cumple, el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo será, en efecto, también una ruta para las regiones.
