BOGOTÁ_ El director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, Luis Olmedo Martínez Zamora, lanzó una grave advertencia sobre la situación de orden público y ambiental que se vive en el Parque Nacional Natural Tayrona, en la costa del Caribe colombiano, tras denuncias de ocupación ilegal de áreas protegidas y cobros no autorizados a visitantes por parte de terceros ajenos a la entidad.
Según Martínez, en los últimos meses se habría presentado la ocupación de sectores estratégicos del parque, como El Zaino, por parte de actores locales que han supuesto funciones que legalmente corresponden al Estado. En ese contexto, se han denunciado construcciones de viviendas, baños y senderos sin autorización oficial, levantadas con materiales ingresados ilegalmente al área protegida.
Una de las situaciones más delicadas, advirtió el director de Parques, es el presunto cobro de dinero a los visitantes por ingresar al parque, práctica que, según la normativa, sólo puede realizar la entidad administradora de la reserva, ya que se trata de un bien público protegido por la Nación.
La grave tensión que han generado estos hechos, junto con amenazas e intimidaciones a funcionarios y bloqueos en puntos de acceso como El Zaino, Calabazo y Neguanje, llevó a la entidad a ordenar el cierre preventivo del Parque Tayrona mediante la Resolución 091 del 17 de febrero de 2026, como una medida para proteger la vida, la integridad y la seguridad del personal, visitantes y comunidades dentro del área natural.
La resolución señala que las intimidaciones, junto con la entrada irregular de visitantes sin control oficial y los cobros no autorizados, han generado un grave riesgo para la gestión ambiental y el cumplimiento de los protocolos de protección. Por esa razón, las autoridades optaron también por inhabilitar instalaciones construidas ilegalmente en el sector de Cañaveral, con el fin de recolectar material probatorio y prevenir mayores afectaciones.
La medida —que por ahora mantiene el parque cerrado— permanecerá vigente hasta que se evidencie una mejora en las condiciones de seguridad y gobernanza al interior del área protegida. La Defensoría del Pueblo había emitido previamente alertas por riesgos de violaciones a derechos fundamentales dentro del Tayrona, lo que alimenta las preocupaciones sobre la vulneración del derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad de quienes trabajan o visitan la zona.
Organizaciones comunitarias y autoridades locales han expresado su preocupación por el impacto del cierre en las economías que dependen del turismo, mientras que Parques Nacionales insiste en que las acciones son necesarias para restablecer el control estatal y garantizar la protección del ecosistema y de quienes transitan por este importante santuario natural del Caribe colombiano.
