Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
El comportamiento reciente de los precios en Santa Marta merece atención. En agosto de 2026, el Índice de Precios al Consumidor aumentó 0,70 % en la ciudad, frente al 0,39 % nacional. La comparación anual ofrece otra lectura: la inflación samaria fue 6,08 %, todavía inferior al 6,24 % del país (DANE, 2026). La diferencia es importante porque una ciudad puede mantener una inflación anual menor y, al mismo tiempo, registrar una aceleración reciente mayor. La pregunta es entonces doble: por qué los precios están creciendo más rápido en Santa Marta durante los últimos meses y qué papel cumplen los servicios asociados a la vivienda, particularmente la energía.
La trayectoria permite dimensionar el cambio. En mayo, la inflación anual de Santa Marta era 4,29 %, mientras la nacional alcanzaba 5,84 %; en agosto llegaron a 6,08 % y 6,24 %, respectivamente (DANE, 2026). En apenas tres meses, la brecha favorable de la ciudad frente al país pasó de 1,55 a 0,16 puntos porcentuales. No significa que Santa Marta tenga hoy una inflación anual superior a Colombia; significa que está convergiendo rápidamente hacia ella. En economía, el nivel y la velocidad de cambio son magnitudes distintas. Permanecer por debajo del promedio nacional pierde parte de su ventaja cuando los precios locales están cerrando la diferencia.
La teoría económica permite ordenar esta discusión. Hicks (1939) explicó que, cuando aumenta el precio de un bien, los consumidores procuran sustituirlo por otro relativamente más barato, siempre que existan alternativas. Esa posibilidad es menor en servicios como electricidad o agua. Engel (1857), por su parte, mostró que los hogares de menores ingresos destinan una mayor proporción de sus recursos a necesidades básicas. El resultado es relevante para Santa Marta: una tarifa más alta no afecta únicamente el IPC, también reduce el ingreso disponible cuando el consumo es difícil de sustituir. La inflación mide precios; su efecto sobre el bienestar depende además del ingreso y de la estructura del gasto familiar.
Los datos muestran por qué la energía debe formar parte del análisis. En junio, cuando la inflación mensual de Santa Marta fue 0,45 %, la división de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 0,74 %, frente al 0,52 % nacional (DANE, 2026). En julio, la electricidad aumentó 2,29 % a escala nacional y en agosto volvió a crecer 2,33 %, aportando 0,08 puntos porcentuales a la inflación mensual del país (DANE, 2026). Estas últimas cifras son nacionales y no pueden trasladarse automáticamente a Santa Marta, pero muestran una presión energética que coincide con la aceleración reciente de los precios y justifica examinar la tarifa local.
La información publicada por Air-e permite avanzar en esa dirección. Para agosto de 2026, el Costo Unitario de Prestación del Servicio para un usuario residencial de Nivel de Tensión 1, con activos propiedad del operador, fue de aproximadamente $873,69 por kWh. De ese valor, $451,59 correspondieron al componente de generación, cerca del 51,7 % del costo unitario; también se incorporaron transmisión, distribución, pérdidas reconocidas, restricciones y comercialización (Air-e, 2026). Conviene distinguir este costo unitario de la tarifa finalmente pagada por cada hogar, porque subsidios, contribuciones, estrato y características del usuario modifican el valor facturado.
La composición del costo ayuda a entender por qué el fenómeno de El Niño importa. El Ministerio de Minas y Energía adoptó en agosto medidas de ahorro y uso eficiente de energía ante las condiciones asociadas al fenómeno y la necesidad de preservar la seguridad energética (Ministerio de Minas y Energía, 2026). Una menor disponibilidad hídrica puede aumentar la participación de generación térmica o la exposición a precios más altos de energía, pero no permite afirmar que cualquier incremento tarifario sea causado exclusivamente por El Niño. El dato de Air-e muestra algo más preciso: la generación representa más de la mitad del costo unitario observado en agosto. Por eso cualquier presión significativa sobre ese componente puede trasladarse al costo del servicio.
En Santa Marta existe además una condición territorial. Las altas temperaturas hacen que ventiladores, refrigeración y aire acondicionado respondan parcialmente al clima y no solo a preferencias del consumidor. Cuando aumenta el precio de la electricidad y el hogar tiene poca capacidad para reducir su consumo, debe destinar una mayor proporción del ingreso a pagar la factura. Esa restricción adquiere importancia en una ciudad donde la informalidad laboral alcanzó 55,9 % en el trimestre abril-junio de 2026 (DANE, 2026). Una tarifa semejante puede representar esfuerzos económicos distintos dependiendo del ingreso y de las necesidades mínimas de consumo de cada hogar.
Este argumento aparece en la discusión política reciente. El alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, solicitó un tratamiento diferencial para las tarifas de energía del Caribe, señalando que las condiciones climáticas de la región generan necesidades de consumo diferentes. La Personería Distrital presentó, además, una tutela contra la CREG y el Ministerio de Minas y Energía relacionada con el programa transitorio de incentivos al uso eficiente establecido mediante la Resolución 101 120 de 2026. Entre sus argumentos señaló que las temperaturas observadas durante la aplicación del programa superaban las del período utilizado como referencia para establecer las metas individuales de consumo (Caracol Radio, 2026).
La discusión tiene fundamento económico, pero requiere una precisión. Reconocer condiciones climáticas diferentes no resuelve quién debe asumir el costo de un tratamiento tarifario diferencial. Un subsidio o descuento puede reducir lo pagado por el usuario, pero no elimina los costos de generar, transportar y distribuir electricidad. La teoría de incidencia económica distingue precisamente entre quien realiza formalmente un pago y quien termina soportando su costo. Si se propone una tarifa especial para el Caribe, debe establecerse cuánto cuesta, cómo se financia y qué efectos produce sobre usuarios, empresas, inversión y presupuesto público. Subsidiar modifica quién paga; no hace desaparecer el costo.
Aquí aparece la tensión entre eficiencia y equidad. Un precio más alto puede inducir ahorro cuando existe escasez, principio que explica los incentivos adoptados por la CREG ante situaciones de estrechez energética o baja hidrología. Sin embargo, esa señal económica no afecta por igual a todos los consumidores cuando parte del consumo es difícil de reducir. La regulación debe distinguir entre demanda susceptible de ajustarse y necesidades condicionadas por las temperaturas. El problema no consiste en eliminar los incentivos al ahorro, sino en diseñarlos reconociendo las diferencias territoriales y distributivas. Tratar igual a consumidores que enfrentan condiciones distintas tampoco garantiza un resultado económicamente neutral.
También se requiere prudencia antes de atribuir toda la inflación samaria a la energía. En agosto, alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 0,71 % a escala nacional y las frutas frescas 4,95 %, mientras restaurantes y hoteles registraron una variación anual de 9,36 % (DANE, 2026). La inflación responde simultáneamente a costos, oferta, demanda y precios regulados. Una tasa de interés más alta puede moderar la demanda agregada, pero tiene menor capacidad para corregir directamente una tarifa eléctrica o una restricción de oferta. Si las causas son diferentes, los instrumentos también deben serlo. La energía forma parte de la explicación reciente, pero no constituye la explicación completa.
La intervención de Air-e agrega otra dimensión. La empresa continúa bajo intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y presta el servicio en Santa Marta, mientras persisten discusiones sobre tarifas, calidad e infraestructura. El debate llegó en septiembre a la Comisión Quinta del Senado, donde se analizaron los costos de la energía y las condiciones del sistema eléctrico del Caribe. La implicación de política es concreta: debe identificarse cuánto explican los servicios públicos de la aceleración reciente; cualquier tratamiento diferencial debe sustentarse y financiarse; y la regulación debe conciliar eficiencia, capacidad de pago e inversión. Santa Marta todavía tiene una inflación anual inferior a la nacional, pero la brecha casi desapareció. El problema no es solamente cuánto suben los precios, sino cuánto ingreso queda después de pagarlos.
