Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
SANTA MARTA_ El peso del campo en la economía del Magdalena merece atención. En 2024 el sector primario representó el 14,4 % del PIB departamental, frente al 9,3 % que el agropecuario pesa en el PIB nacional, en una economía que aporta el 1,4 % del producto nacional con el 2,9 % de la población y cuyo PIB per cápita, US$3.141, no llega a la mitad del promedio del país (DANE, 2025; IDEEAS-UTB, 2025). Es decir, el Magdalena depende del agro una vez y media más que Colombia, y el agro es el único sector transable que le queda a un departamento con el 77 % de su valor agregado en servicios.
El mercado laboral confirma esa dependencia. Según cálculos propios a partir de la GEIH, el sector agropecuario ocupó en 2025 a unas 141.000 personas, el 22,8 % de los ocupados del Departamento, por encima del comercio. Sin embargo, es un empleo masculino, rural y precario: el 94 % son hombres, el 69 % vive en centros poblados y rural disperso, la mitad trabaja por cuenta propia y solo el 16,7 % cotiza a pensión, frente al 25,4 % del total departamental; el ingreso laboral mediano del agro sin banano equivale a poco más de la mitad del salario mínimo.
La distribución completa el diagnóstico. En 2024 el coeficiente de Gini de ingresos del Magdalena fue 0,504, inferior al 0,551 nacional, pero la pobreza monetaria alcanzó el 51,7 % y la extrema el 23,2 % (DANE, 2025): el Departamento es menos desigual que Colombia porque es más pobre. En la tierra ocurre lo contrario. El 6,9 % de los propietarios posee el 54 % del área y el 35,5 % tiene como máximo una hectárea (ADR, 2020); según cálculos propios a partir de esas cifras y del catastro del IGAC (2024), el Gini de tierras estimado es del 0,78.
Dos cultivos permanentes concentran la exportación. El banano ocupa 21.122 hectáreas en la planicie, con una producción cercana a las 988.294 toneladas en 2025, el 30 % del total nacional, y representa el 42,78 % del valor FOB exportado por el Magdalena (Gobernación del Magdalena, 2026). Aporta cerca de 19.600 empleos; el 81 % son obreros o jornaleros y el 66,7 % cotiza a pensión, pero su ingreso laboral mediano es exactamente igual al salario mínimo legal vigente (DANE, 2026). El banano es el renglón rural que garantiza el mínimo, y paga el mínimo.
El café ocupa cerca de 18.000 hectáreas en la Sierra Nevada, con 5.400 familias y unos 17 millones de kilos al año; 1.947 de sus 5.172 fincas tienen certificación de cafés especiales y 1.507 de comercio justo (ADR, 2020; FNC, 2025). Es un cultivo campesino, por cuenta propia y sin pensión, que la GEIH ve poco porque su muestra rural apenas alcanza la Sierra. La separación entre ambos es institucional, no geográfica (Viloria, 2018).
El balance de sus economías muestra que ambos venden materia prima. En el café, el caficultor entrega pergamino seco: la trilla, el almacenamiento y la exportación ocurren en Santa Marta o fuera del Departamento, y la tostión es marginal (Viloria, 2019); el premio de las certificaciones se realiza en el puerto, no en la finca. En el banano la cadena está más integrada, pero también aguas abajo: en 2025 el país exportó cerca de 2,6 millones de toneladas por más de US$1.300 millones, hacia la Unión Europea (65,8 %), Estados Unidos (17,3 %) y el Reino Unido (13,6 %); Tecbaco, proveedor exclusivo de Dole, fue el segundo exportador nacional con el 16,8 % del valor y Banasan el cuarto con el 9,4 %, aliado de Fyffes y Albert Heijn (Augura, 2026). Unos 550 pequeños productores llegan a ellas vía siete cooperativas. En ambos cultivos el precio se fija fuera del Magdalena.
Ese balance se estrechó en 2026. Los vendavales de septiembre afectaron 599 fincas y 3.486 hectáreas, con hasta $290.000 millones en riesgo, y una tasa de cambio de $3.099 dejó las cuentas del banano por debajo del punto de equilibrio de $3.533 (Gobernación del Magdalena, 2026; ASBAMA, 2026). En julio ASBAMA acordó con el ministro de Agricultura una agenda de cuatro años, el seguro agropecuario pagó $17,5 millones a unos 450 pequeños productores damnificados y el 19 de septiembre el gremio presentó seis medidas: reestructuración de deudas, un depósito no remunerado del 40 % a capitales de corto plazo, exenciones a los insumos, seguro agropecuario, tarifa de energía para riego y menor cuota de aprendices (MinAgricultura, 2026; ASBAMA, 2026).
El gremio ha hecho lo que le corresponde, y en condiciones difíciles: cerró un gobierno que no le dio certidumbre y empieza otro que apenas se instala, y aun así consiguió agenda, seguro y mesa técnica. La evidencia le da la razón en el diagnóstico: la apreciación golpea el margen del banano sin reducir sus volúmenes (Varela y Suaza, 2021). Sin embargo, la TRM nacional mide mal la competitividad de una canasta departamental cuyos destinos son el euro y la libra tanto como el dólar (Morón, 2004), la tasa de cambio explica menos de la exportación regional que la infraestructura y las instituciones (Morón, 2006) y responde a la política monetaria con rezagos que ningún ministerio sectorial controla: entre 2021 y 2023 la tasa de interés subió 10,21 puntos y el peso, aun así, se depreció 15,7 % (Morón, 2026). Con un peso revaluado 22,6 % desde enero de 2025, ANIF (2026) concluye que la salida está en el valor agregado, no en la tasa. Lo que un gremio no puede hacer solo es lo que banano y café comparten —cuenca, puerto y mercado laboral—, y eso es tarea del territorio.
La teoría económica permite ordenar esa conclusión. Marshall (1920) mostró que las actividades concentradas en un mismo espacio generan economías externas, y Porter (1998) convirtió esa intuición en política pública con la noción de clúster. Hirschman (1958) sostuvo que el desarrollo se propaga por eslabonamientos y Ostrom (1990) que una cuenca se gestiona mejor cuando los usuarios de arriba y de abajo comparten reglas. No obstante, Kuznets (1955) advirtió que el crecimiento sectorial suele elevar la desigualdad antes de reducirla, y Rodríguez-Clare (2007) que los clústeres por decreto fracasan sin bienes públicos. En consecuencia, un territorio que concentre el beneficio en la propiedad, la comercialización y el empleo masculino —nueve de cada diez ocupados del banano y del café son hombres— subiría el Gini sin bajar la pobreza.
Las implicaciones de política se derivan de lo anterior, y el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que el Gobierno debe presentar al Congreso en febrero de 2027, es la ventana para inscribirlas. En primer lugar, hay que constituir una instancia de gobernanza que reúna al Comité de Cafeteros, a ASBAMA, a Corpamag y a los municipios de la Sierra y la planicie, con la cuenca como unidad de planeación y el pacto territorial del Plan como instrumento. En segundo lugar, es necesario concentrar regalías y recursos PDET en bienes públicos que favorezcan a quien menos tierra tiene: vías terciarias, riego, laboratorio fitosanitario y titulación. En tercer lugar, conviene diseñar un instrumento de cobertura cambiaria y climática de escala territorial, porque una finca de cinco hectáreas no puede comprar lo que un territorio de 40.000 sí.
En cuarto lugar, hay que convertir el comercio justo en política territorial: una certificación de grupo que reparta entre los dos cultivos el costo de auditoría; una trilladora cooperativa en la Sierra y una planta de empaque cooperativa en la planicie, para que la prima Fairtrade se realice en el territorio; una marca de origen común para Sierra y planicie; y un fondo territorial con esa prima para titulación, relevo generacional y empleo femenino. También se requiere prudencia: la Sierra Nevada es territorio ancestral de cuatro pueblos delimitado por la Línea Negra, de modo que un territorio común no amplía la frontera, sino que gestiona mejor lo ya sembrado.
Lo más sensato es reconocer que el Magdalena no tiene dos economías agrícolas ricas en materia prima, sino una sola que todavía no se ha nombrado. Un cultivo se protege con un gremio; un territorio se construye con instituciones; y un Gini bajo por pobreza no es igualdad, es ausencia de ingreso.
