SANTA MARTA_ La Contraloría General de la República reveló que, tras una Auditoría de Cumplimiento al Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros (SETP) de Santa Marta, se identificaron hallazgos fiscales por cerca de $21.000 millones, asociados a irregularidades en la ejecución de contratos y deficiencias en la supervisión de los recursos públicos destinados al sistema.
Según el informe oficial, el principal hallazgo —que representa unos $19.840 millones con presunta incidencia disciplinaria— está ligado a un contrato suscrito en 2023 para implementar el Sistema de Recaudo Centralizado, Control de Flota e Información al Usuario del SETP. A pesar de que este contrato fue pagado completamente, al 30 de junio de 2025 no se había entregado ni puesto en funcionamiento el equipamiento tecnológico, lo que impidió el cumplimiento del objeto contractual y generó un posible detrimento patrimonial.
Además, la auditoría detectó un segundo hallazgo fiscal por $1.250 millones, también con presunta incidencia disciplinaria, relacionado con el contrato de interventoría del proyecto. La Contraloría sostuvo que la interventoría no cumplió con sus obligaciones de advertir ni informar oportunamente sobre los incumplimientos detectados durante la ejecución del contrato principal, ni motivó la toma de medidas correctivas o sancionatorias pese a haber autorizado los pagos correspondientes.
El órgano de control señaló, además, deficiencias en la supervisión y el seguimiento al convenio de cofinanciación tanto por parte del Ministerio de Transporte como del Ente Gestor del SETP de Santa Marta. En particular, se evidenció la falta de acciones efectivas frente al incumplimiento de recomendaciones técnicas emitidas por la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), lo que habría afectado la gestión, el control y el uso adecuado de los recursos públicos aportados por la Nación.
Otro aspecto crítico fue la entrega parcial del Sistema de Operación, que se realizó mediante una reunión virtual sin un documento técnico formal que certificara de manera detallada los elementos entregados, sus identificaciones y especificaciones, tal como lo exigían las condiciones contractuales.
La Contraloría General de la República reiteró su compromiso con la vigilancia, el control y la protección de los recursos públicos, señalando que estas actuaciones buscan salvaguardar el interés general y el patrimonio de los colombianos.
