SANTA MARTA_ El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Santa Marta ha emitido una resolución en la que requiere a la Diócesis de Santa Marta a tomar medidas para salvaguardar las instalaciones del cementerio San Miguel, tras los constantes derrumbes de muros y sostenimientos que han representado un riesgo para la comunidad.
La iniciativa surgió a raíz de una tutela interpuesta por el abogado penalista Alex Fernández Harding, quien argumentó la falta de prevención o planificación que ha llevado al deterioro de las instalaciones del Campo Santo. La resolución no solo involucra a la institución eclesiástica, sino que también obliga a la Alcaldía Distrital, la Secretaría de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo a presentar en un plazo de dos días un informe detallado sobre las obras planeadas para evitar futuras emergencias en el cementerio San Miguel.
El abogado expresó su satisfacción por el resultado favorable obtenido en la defensa de los intereses de la comunidad, destacando el sentido de pertenencia y compromiso con la sociedad. Esta resolución marca un paso importante hacia la seguridad y protección de los ciudadanos de Santa Marta frente a los riesgos asociados con las infraestructuras del cementerio San Miguel.
