SANTA MARTA_ En la mañana de este martes se hizo efectiva la convocatoria hecha por el gobernador Rafael Martínez a varias instituciones del Estado, al primer Comité de Seguridad para evaluar los reiterativos cierres de la vía Ciénaga – Barranquilla, los cuales han estado motivados por la insatisfacción de las comunidades ante necesidades de orden local. A la cita acudieron miembros de la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional, Fiscalía, alcaldes y delegados de los municipios de Puebloviejo, Sitionuevo y Ciénaga.
Además, el Comité contó con la presencia del ministerio público, representado por la Procuraduría Regional, que desde sus competencias alertó un posible hecho delictivo que se esconde detrás de los cierres viales, se estaría hablando de cobros de extorsiones en los llamados ‘retenes ilegales’, lo cual agrava la situación.
El gobernador Martínez fue enfático en que los bloqueos no pueden ser la primera opción para llamar la atención de las autoridades locales o para evidenciar un posible incumplimiento, ni mucho menos el derecho a la protesta puede ser usado como excusa para que individuos busquen favorecerse económicamente. El mandatario se refirió a que no se atropelle el derecho de las mayorías mediante mecanismos que no cuentan con los protocolos que la misma Ley establece.
La primera conclusión a la que llega este Comité es a la no infracción de los parámetros que la Constitución reconoce como protesta pacífica. “Si no hay el cumplimiento previo de un protocolo, si no hay una notificación previa a la autoridad competente, el bloqueo es ilegal y no se puede permitir. La Policía ha estado presente, de hecho, la unidad que antes se llamaba ESMAD ha estado pernoctando en Ciénaga, sin embargo, la utilización de estas unidades es la última opción.
No vamos a permitir que se siga violando el derecho de los ciudadanos a transitar tranquilamente y de manera segura por las carreteras del departamento. Algunas de estas tomas no superan las 10 o 15 personas, y es un hecho que hemos puesto de presente ante las autoridades. La Fiscalía va a tomar cartas en el asunto, y por eso también hacemos un llamado a todos los ciudadanos que se ven de una u otra manera afectados en estos cierres, a que interpongan las denuncias, a que hagan llegar los vídeos, fotografías, porque se va a empezar a individualizar a los agitadores o promotores de este tipo de cierres”, subrayó Martínez.
La segunda conclusión gira en torno a las fallas por el servicio de energía. “Le hemos llamado la atención a Air-e, pues, a veces sus exigencias de pago previo para la instalación de un transformador que se daña, conllevan a las acciones de las vías de hecho de la ciudadanía… Si bien hay un proyecto PRONE que se va a reactivar, desde la Gobernación con las Secretaría de Infraestructura y de Planeación de estos municipios, vamos a trabajar un proyecto para presentar en el marco de las ‘Comunidades Energéticas’ para la posible construcción de una granja solar, que permita favorecer al conjunto de la población que no siempre tiene para pagar los altos costos de la energía”, aseguró el gobernador.
Como tercera conclusión, la primera autoridad del Departamento habló de la interlocución entre Aguas del Magdalena y las empresas operadoras de acueducto y alcantarillado en estos municipios, dado que la mayoría de las inconformidades están ligadas a fallas en estos servicios. Esta articulación permitirá establecer planes de contingencia, como el suministro de agua potable por carrotanques, como ocurrió recientemente, donde la Gobernación envió al municipio de Puebloviejo 66 mil litros del líquido.
“Aquí lo que hemos dicho es que cuando haya una situación de esta naturaleza, que involucra o que implica el posible cierre de la vía, se notifique y se participe rápidamente a la Gobernación para desde nuestra parte tomemos las acciones preventivas, o en el marco de la concurrencia, apoyarlos para la atención en este caso de emergencias”, resaltó Martínez, al establecer que se debe crear una red de cooperación que se active para prevenir las afectaciones viales.
