BOGOTÁ_ El Instituto Nacional de Salud presentó el más reciente informe sobre personas quemadas con pólvora en todo el territorio nacional. Aunque hay reducciones, las alertas están encendidas después de Navidad y de cara a las festividades de fin de año.
Según el organismo, hay reporte de 578 personas quemadas por pólvora y dos personas muertas. Entre los lesionados, 190 son menores de 18 años y 19 estaban en compañía de un adulto bajo el efecto del alcohol.
Aunque las cifras son preocupantes, reflejan una disminución del 2.9% en comparación a los quemados con pólvora en el mismo periodo del año anterior que llegaron a 595 casos. Por ejemplo, entre diciembre 24 y 25 de este año, se presentaron 120 casos de quemados a comparación de los 191 de las mismas fechas del año anterior.
Antioquia es el departamento con mayores casos (84), seguido por Bogotá con 69, Tolima con 31, Nariño con 29, Cundinamarca con 28 y Valle del Cauca con 27 casos. Vaupés, San Andrés, Cartagena, Vichada y Guaviare son las regiones que no presentaron ningún caso
El Instituto Nacional de Salud también reportó que el 90% de las lesiones son del tipo de quemaduras, le sigue laceraciones con un 52%, contusiones con 18% y fracturas y amputaciones con un 6%.
Recientemente, el Ministerio del Interior firmó el Decreto 2174 de 2023, por el cual se reglamenta, a su vez, la Ley 2224 de 2022, y se establecen los requisitos para el uso, fabricación, manipulación, transporte, almacenamiento, comercialización, compra y venta de pólvora y productos pirotécnicos en el territorio nacional.
La decisión, según manifestó Luis Fernando Velasco, se tomó con el fin de hacer más amenas estas navidades, pues “en el 2022 cerca de 1.200 colombianos, especialmente niños y niñas fueron quemados por pólvora y algunos de ellos perdieron la vida”.
En este sentido, fueron adicionadas dos normas. Por un lado, se prohíbe totalmente la producción o fabricación, la manipulación o uso y la comercialización de artículos pirotécnicos o fuegos artificiales que contengan fósforo blanco. De incumplirse, las multas económicas alcanzan los $230 millones.
