SANTA MARTA_ Con el objetivo de aclararle a la ciudadanía samaria cuál ha sido el manejo de los recursos públicos destinados a la creación de la Universidad Distrital de Santa Marta, la cual se hizo realidad “en papel” durante la administración de Virna Johnson, el concejal Anselmo Gual ha convocado a debate.
La proposición de Gual fue presentada al pasado doce de junio para citar a la recién titular del cargo de rectora de la entidad educativa Joceline Azar, quien por petición de la plenaria, expondrá cuál es la situación actual de la universidad, qué recursos fueron entregados por la pasada administración, cómo han sido manejados los mismos y cual es la proyección de la actual administración.
El debate se llevará a cabo el miércoles 26 de junio a partir de las 8:00 AM en el recinto del Concejo Distrital, donde serán resueltos y discutidos todos los interrogantes al respecto. Asimismo, dando a conocer una fecha estimada para el inicio de actividades académicas y la visión de las directivas.
Durante el planteamiento de la proposición, Anselmo Gual presentó varias denuncias al respecto, siendo la más relevante el pago cuantioso de una amplia nómina que va desde los honorarios del rector anterior Hugo Alejandro Paternina por encima de $17 millones mensuales, hasta profesionales auxiliares con sueldos que rondan entre los $6 y $10 millones.
De acuerdo a la explicación de Gual, lo controversial del asunto es que la nombrada universidad aún no está en funcionamiento, sin embargo los sueldos son desembolsados mensualmente como reza el contrato.
“Otro de los hechos cuestionables coincide con que, a pesar que la universidad no está en funcionamiento y se está pagando una nómina, la directivas de la misma hicieron contratos de prestación de servicios el pasado 23 de noviembre de 2023. Esto es lo que se conoce como “raspar la olla” aprovechando el término de la vigencia”: Aseguró Gual.
Adicionalmente, de acuerdo a lo expresado por Gaul, le presentan al consejo directivo un presupuesto a desarrollar en 2024 por el monto de casi $7.000 millones. Al cierre de la vigencia, la directivas de aquel entonces hacen una modificación a los estatutos que asegurara la permanencia de cada uno de los cargos con sus titulares.
