En Colombia, la informalidad laboral es una constante que refleja desigualdades estructurales y barreras de entrada subyacentes. Esta condición impide consolidar un crecimiento económico estable a largo plazo (García & González, 2008; Bernal Gaviria, 2022). Además, tiene efectos sobre la sostenibilidad de los sistemas de protección social, la productividad y la calidad del empleo (López & Ramírez, 2020).
Para el trimestre móvil enero-marzo de 2025, el 57 % de las personas ocupadas en el país se encontraban en condiciones de informalidad (ORMET Magdalena, 2025). Este segmento presenta bajos niveles de afiliación a la seguridad social, ausencia de contratos formales y escaso acceso a mecanismos de protección laboral (Uninorte, 2023; Mejía & Rodríguez, 2025).
En el caso del Distrito de Santa Marta, esta situación adquiere una dimensión crítica. En el marco de la conmemoración de los 500 años de su fundación, la ciudad enfrenta un entorno laboral caracterizado por altos niveles de informalidad, fluctuaciones en la tasa de ocupación, una reducción sostenida en la participación laboral y una condición preocupante en el mercado juvenil. Según estimaciones propias, la economía informal generó un valor aproximado de $3,6 billones en 2024, con una presencia significativa en sectores asociados al turismo (Observatorio del Mercado de Trabajo de Santa Marta, 2025).
Una investigación de Escobar, Mercado y Cormane (2023) encontró que solo el 43 % de los turistas se hospedan en el sector hotelero formal. Este dato se alinea con un estudio previo de la Universidad del Magdalena, Cotelco y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2010), el cual evidenció que por cada alojamiento formal existen 3,8 informales. En El Rodadero, se estima que, de los 5.480 apartamentos registrados, 3.782 se arriendan por menos de 30 días, es decir, el 69 % del total, lo que confirma la magnitud del fenómeno de la parahotelería.
La informalidad laboral y empresarial constituye una limitación para el desarrollo productivo. En Santa Marta, la tasa de informalidad laboral supera el 60 %, mientras que la empresarial se sitúa en torno al 97 %, con una concentración destacada en comercio, turismo y transporte informal (DANE, 2025). La tasa global de participación ha mostrado una disminución constante durante los últimos 24 trimestres móviles (2023–2025), con una diferencia negativa de 0,7 puntos porcentuales frente al promedio nacional.
La población en edad de trabajar pasó de 380.000 a 391.000 personas, pero la fuerza laboral no creció al mismo ritmo, reflejando un incremento en la inactividad, especialmente entre los jóvenes (Cámara de Comercio de Santa Marta, 2025). Aunque Santa Marta presenta una de las tasas de desempleo más bajas del país (9,6 % en 2025), la subocupación es del 8,8 %, una de las más altas a nivel nacional. Esto indica que alrededor de 20.000 personas están en empleos que no satisfacen sus expectativas en términos de ingreso o estabilidad (ORMET Magdalena, 2025). Además, más del 55 % de los ocupados trabajan por cuenta propia, lo cual no necesariamente refleja capacidad empresarial, sino una estrategia de subsistencia. Según la Cámara de Comercio, el 64,8 % de las empresas registradas son unipersonales, lo que evidencia un tejido empresarial fragmentado y con baja capacidad de escalamiento.
Uno de los desafíos estructurales del mercado laboral en Santa Marta es el desempleo juvenil. Con una tasa superior al 22 %, este fenómeno refleja la falta de experiencia laboral, la débil articulación entre programas educativos y las necesidades del mercado, la baja cobertura en formación técnica y la ausencia de políticas públicas con enfoque territorial. Según De La Torres, Morón et al. (2025), con base en información primaria, se estima que el 28 % de la población joven se encuentra inactiva, es decir, no estudia ni trabaja, lo cual profundiza las brechas de inclusión laboral y educativa en el territorio.
La informalidad laboral y empresarial ha sido ampliamente estudiada en Colombia. García y González (2008) identificaron como barreras principales la carga tributaria, la complejidad regulatoria y el acceso limitado al crédito. Propusieron incentivos fiscales y la simplificación de procesos. Moreno (2013) planteó una estrategia centrada en el acompañamiento institucional, programas de formación y fortalecimiento institucional. López y Ramírez (2020) evaluaron la Ley de Formalización y Generación de Empleo, destacando la necesidad de fortalecer la cultura de legalidad y reducir los costos de formalización.
Rodríguez (2021) propuso reformas estructurales como la eliminación del salario mínimo y la reducción de impuestos sobre la nómina, aunque advirtió sobre sus posibles impactos distributivos. Bernal Gaviria (2022) presentó una revisión integral de las causas de la informalidad, proponiendo políticas orientadas a la capacitación laboral y a la simplificación normativa.
Durante y después de la pandemia, Fernández y Segura (2023) señalaron que la informalidad laboral alcanzó el 62 % y la empresarial superó el 90 %, con efectos sobre la productividad. Martínez (2023) evidenció que el 58 % de los trabajadores no contaba con contrato formal ni afiliación a seguridad social. Rincón (2023) analizó formas de informalidad dentro de empresas que operan al margen de la legalidad.
Desde una perspectiva territorial, Sánchez y Moreno (2023) concluyeron que la informalidad está asociada con baja productividad en regiones rezagadas. Sánchez y León (2023) subrayaron que el acceso limitado a servicios financieros y la baja educación empresarial en zonas periféricas dificultan la formalización. Sugirieron políticas diferenciadas por territorio y programas con incentivos focalizados. Mejía y Rodríguez 2025), desde el Banco de la República, identificaron que la informalidad varía según región, nivel educativo, género y tamaño empresarial, y propusieron políticas focalizadas articuladas con capacidades institucionales locales.
La reforma laboral presentada por el Gobierno Nacional fue archivada en marzo de 2025 y revivida el 14 de mayo mediante apelación en el Senado. Dos días después, la Comisión Cuarta asignó un cronograma para su estudio y votación, con fecha límite el 20 de junio del mismo año. Esta iniciativa legislativa busca mejorar las condiciones contractuales y avanzar en la equidad laboral, mediante el fortalecimiento del contrato a término indefinido, la ampliación de recargos y el reconocimiento de derechos laborales para trabajadores de plataformas digitales (Ministerio de Trabajo, 2025).
Sin embargo, el Banco de la República (2023) y Fedesarrollo (2024) advirtieron que un aumento de los costos laborales sin medidas compensatorias podría provocar una reducción del empleo formal. Las estimaciones más conservadoras proyectaban entre 150.000 y 230.000 empleos perdidos, principalmente en micro y pequeñas empresas.
En Santa Marta, caracterizada por un tejido empresarial débil y predominantemente informal, el impacto habría sido considerable. La ausencia de programas de apoyo técnico, capacitación y alivios tributarios limitaría la transición a la formalidad. Por tanto, implementar una reforma laboral sin una estrategia paralela de formalización podría agravar la situación.
La Alcaldía Distrital de Santa Marta ha desarrollado diversas acciones orientadas a la formalización laboral y empresarial, así como a la empleabilidad juvenil. Estas se enmarcan en el Plan de Desarrollo 2024–2027 “Santa Marta 500+”, adoptado mediante el Acuerdo No. 005 de 2024. Entre las estrategias destacan la Ruta Distrital de Formalización, programas de formación y certificación laboral, promoción de los Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) en alianza con Colpensiones, inclusión financiera, fortalecimiento de asociaciones y cooperativas, impulso al empleo formal e implementación de la Ventanilla Única Empresarial.
En noviembre de 2024 se creó la Agencia Pública Distrital de Empleo, autorizada por resolución del Servicio Público de Empleo, con el propósito de facilitar la intermediación laboral y promover la formalización. La Cámara de Comercio de Santa Marta también ha impulsado ruedas de negocios como “Conéctate con el Magdalena”, que busca fortalecer redes empresariales y generar oportunidades de desarrollo económico.
En ese marco, se han realizado ferias de empleo, como la Feria Laboral Santa Marta 500 Años, efectuada el 30 de abril de 2025 en el Coliseo Mayor, donde más de 30 empresas ofrecieron más de 1.000 vacantes en sectores como ventas, contabilidad, hotelería, cobranzas, servicio al cliente y tecnología. El evento fue coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad, junto con la Agencia Pública Distrital de Empleo, e incluyó la participación de agencias de empleo como Cajamag, la Universidad Cooperativa de Colombia, el SENA, Magneto y otros centros de formación.
El 1 de mayo de 2025 se instaló la Mesa Distrital de Empleo, como espacio de articulación interinstitucional. Participan entidades públicas, privadas y de cooperación internacional como SENA, Cajamag, Universidad Cooperativa de Colombia, Cámara de Comercio de Santa Marta, ANDI, AmCham, Fenalco, OIM, ACNUR y Fundación Capital. Esta mesa busca coordinar acciones para promover el trabajo digno y reducir la informalidad.
Si bien estas acciones son significativas, es necesario avanzar hacia una estrategia integral de formalización. Esta debe incorporar incentivos fiscales, capital semilla, simplificación de trámites y acompañamiento técnico. El CUEE Sierra Nevada desempeña un papel clave en la articulación público-privada-académica, fundamental para diseñar políticas que incentiven la formalización laboral. Sectores como turismo y comercio podrían liderar estas transformaciones.
La implementación de políticas laborales diferenciadas, la generación de alianzas público-privadas y la formulación de estrategias basadas en datos permitirán superar los rezagos estructurales. La ciudad debe construir un modelo de desarrollo centrado en trabajo decente, productividad y sostenibilidad, con visión de largo plazo, liderazgo institucional y capacidad técnica.
Un eje estratégico es la juventud. Se requiere un plan de empleo juvenil articulado con el SENA, el sistema educativo y el sector privado. Este debe integrar formación dual, pasantías remuneradas, orientación vocacional y acceso al primer empleo. El Foro Económico Mundial (2025) proyecta que el 44 % de las habilidades requeridas en 2027 serán distintas a las actuales, con énfasis en pensamiento crítico, alfabetización digital y habilidades interpersonales.
Por ello, se propone el diseño de un sistema local de formación y certificación por competencias, alineado con sectores estratégicos como turismo, logística, tecnología y servicios personales. También se plantea la creación de Zonas de Innovación Productiva con servicios compartidos, infraestructura empresarial y centros de empleabilidad.
El fortalecimiento del Observatorio del Mercado de Trabajo permitiría el monitoreo continuo de dinámicas laborales, subempleo e informalidad, con criterios territoriales y enfoques basados en evidencia.
Santa Marta enfrenta un punto de inflexión. La informalidad y el desempleo juvenil no son anomalías, sino expresiones de un modelo económico desconectado del territorio. Se requiere una estrategia multisectorial liderada localmente. Casos como la reforma tributaria de 2012, que incrementó el empleo formal en un 18 %, demuestran que las reformas bien diseñadas pueden ser efectivas si están acompañadas de condiciones habilitantes (López & Ramírez, 2020).
