SANTA MARTA_ Un juzgado administrativo de Santa Marta emitió un fallo de tutela que obliga a varias entidades del Estado a adoptar medidas inmediatas para atender la crisis ambiental y social que enfrentan las comunidades palafíticas de la Ciénaga Grande, especialmente en Nueva Venecia y Buenavista.
La decisión responde a una acción interpuesta por el defensor de derechos humanos Andrés Gil, en la que se denunció la vulneración de derechos fundamentales como el acceso al agua potable, la salud, la alimentación y la vida digna de la población, en particular de niños, niñas y jóvenes.
El fallo establece que, en un plazo máximo de cinco días, la Alcaldía de Sitionuevo, la Gobernación del Magdalena, el Ministerio de Vivienda y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres deberán garantizar el suministro de 50 litros de agua potable por persona al día y entregar tanques de almacenamiento de 20.000 litros, mientras se implementan soluciones definitivas. Asimismo, se ordena la instalación de un sistema de potabilización en un plazo de seis meses y la reactivación del proyecto de acueducto y alcantarillado en un término no mayor a dos años.
En materia ambiental, el juzgado dispuso la activación del comité interinstitucional para el control de la planta invasora Hydrilla verticillata en la Ciénaga de Pajaral, así como la ejecución de brigadas médicas, planes de nutrición, atención psicosocial y entrega de alimentos de emergencia.
La sentencia también exige a las entidades responsables presentar informes periódicos de cumplimiento bajo la supervisión de un agente oficioso, con el fin de garantizar la efectividad de las medidas ordenadas.
Este fallo constituye un precedente jurídico en defensa de las comunidades que habitan la Ciénaga Grande y que por años han sido afectadas por el deterioro ambiental y la falta de atención institucional.
