Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
Según la Superintendencia Financiera, el mercado de divisas cerró el viernes 24 de julio con una tasa representativa del mercado de $3.210 pesos por dólar, su nivel más bajo desde 2019: 14.5% menos que en enero y 21.9% menos que un año atrás, una de las apreciaciones más pronunciadas del peso en el siglo. Una depreciación favorece a exportadores, receptores de remesas y turismo receptivo, y castiga a importadores, deudores en dólares y consumidores de bienes importados; la apreciación actual invierte esos signos. Esa redistribución no equivale, sin embargo, a la pérdida de poder adquisitivo por inflación: una altera precios relativos y transfiere ingreso entre agentes; la otra erosiona el valor del peso frente a la canasta interna, que en junio creció 6.14% anual, según el DANE. Un peso fuerte frente al dólar no es, por lo tanto, un peso fuerte frente a los precios.
En el corto plazo, según el enfoque de activos (Frenkel y Mussa, 1985), la tasa de cambio es el precio de un activo financiero, fijado por el diferencial de tasas de interés corregido por riesgo y, sobre todo, por las expectativas. De ahí que Dornbusch (1976) mostrara que, con precios rígidos, un choque monetario la lleva a desbordar su nivel de largo plazo antes de retornar a él —planteamiento aplicado al caso colombiano en Morón (2026)— y que Meese y Rogoff (1983) demostraran que ningún modelo la pronostica mejor que suponer que mañana el dólar valdrá lo mismo que hoy: una caminata aleatoria.
En el largo plazo mandan los fundamentales reales. La paridad del poder adquisitivo de Cassel (1918) sostiene que el tipo de cambio tiende a igualar el poder de compra entre economías, aunque Rogoff (1996) mostró que converge lentamente. Para Colombia, Echavarría et al. (2005) y Arteaga et al. (2013) estimaron el tipo de cambio real de equilibrio e identificaron como determinantes estables los activos externos netos, los términos de intercambio, el gasto del Gobierno y, sobre todo, la productividad relativa frente a los Estados Unidos.
Este último remite al efecto Balassa-Samuelson (Balassa, 1964; Samuelson, 1964): la economía que eleva la productividad de su sector transable más rápido que sus socios sube salarios también donde no hay ganancias equivalentes, encarece los no transables y aprecia su moneda en términos reales. La causalidad va, entonces, de la economía a la moneda y no al revés; el marco alemán y el yen se apreciaron cuando esas economías ya lideraban la productividad. La literatura no es unánime: Rodrik (2008) halló que un tipo de cambio real competitivo se asocia con mayor crecimiento en países en desarrollo, pues compensa fallas institucionales que castigan al transable; pero opera sobre el real, no el nominal, y exige ahorro y disciplina fiscal: la subvaluación sustituye imperfectamente a la productividad, nunca la reemplaza. Ningún país se ha desarrollado devaluando, y una moneda fuerte no se decreta ni se produce con anuncios; se construye con productividad.
Conviene distinguir dos apreciaciones. La real refleja ganancias de productividad y es permanente; la financiera obedece a entradas de capital, deuda externa o diferenciales de tasas, y es reversible. La colombiana de 2026 es la segunda: el Banco de la República llevó su tasa al 12.0% en junio, muy por encima de la inflación señalada, y el equilibrio se estima alrededor de $3.500, por encima de la cotización. La fortaleza del peso refleja el costo del dinero, no la eficiencia productiva. Es un desalineamiento en el sentido de Edwards (1989), con efectos análogos a los que Corden y Neary (1982) describieron para la enfermedad holandesa: el transable se contrae sin mejora en su eficiencia.
En el plano regional, sin embargo, los efectos no son homogéneos. El Magdalena es una economía generadora de divisas: concentra cerca del 40% de las exportaciones nacionales de banano, que en 2025 significaron ventas superiores a US$1.300 millones y sostienen unos 20.000 empleos directos y 40.000 indirectos, además del aceite de palma, el café de la Sierra Nevada, el carbón embarcado por Ciénaga y la actividad portuaria. Son bienes indiferenciados cuyo productor es tomador de precios: factura en dólares, paga en pesos y no traslada el choque al comprador.
El turismo receptivo merece lectura detallada. Según ProColombia, Santa Marta recibió 69.222 visitantes extranjeros en 2025, un 18.8% más que en 2024, y sumó 29 recaladas de cruceros con más de 20.000 cruceristas. Esa cifra anual es inferior a los 105.000 turistas que Cotelco proyectó para una sola Semana Santa: el destino es, ante todo, un mercado interno. El canal cambiario relevante no es el que reduce el gasto en pesos del extranjero, sino el que abarata los viajes al exterior y desvía al turista nacional, que sostiene la ocupación. Se agrega una fragilidad estructural: de los 7.541 prestadores de alojamiento registrados, el 89.8% son viviendas turísticas, así que el sector captura poco valor y no puede cubrirse.
Con las remesas ocurre algo semejante. El país captó US$13.098 millones en 2025, el 2.87% del PIB, y según Anif equivalen al 3.3% del ingreso disponible de los hogares; pero cinco departamentos concentraron el 66.7% del flujo en el primer trimestre de 2026, así que el Magdalena no está entre los grandes receptores y el canal opera aquí sobre todo por compra de vivienda de colombianos en el exterior. Aun así, quien recibe US$200 mensuales pasó de $822.000 en julio de 2025 a $642.000 en julio de 2026.
El balance regional es, entonces, de contrastes. Santa Marta registró en 2025 la mayor reducción de pobreza monetaria entre las 23 ciudades principales, de 37.9% a 28.6%, y la extrema cayó de 13.1% a 7.6%; pero 144.000 samarios siguen bajo la línea de pobreza, la informalidad se mantiene en 58.7% y el departamento aporta el 1.35% del PIB nacional con el 2.9% de la población. Se encontró una economía que mejoró sus indicadores sociales apoyada en la desinflación y en sus exportadores, pero que no captura valor: vende bienes indiferenciados, aloja turistas en oferta informal y depende de precios que no fija. Un desalineamiento prolongado erosionaría los ingresos que sostuvieron esa mejora.
No todos pierden, por el contrario: un peso apreciado abarata fertilizantes, agroquímicos, maquinaria y combustibles, contiene la inflación de los transables y, según Fedesarrollo, cada 100 pesos de apreciación reducen el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles en unos $600.000 millones. El efecto neto sobre la estructura productiva samaria tiende, no obstante, a ser negativo: esa mejora de precios internos no compensa la pérdida de ingreso de quienes generan las divisas.
La pregunta por el nivel deseable del dólar carece, entonces, de respuesta útil: la tasa de cambio es un precio endógeno, no un instrumento de política. Lo intervenible son sus fundamentales y la exposición del territorio a su volatilidad. De ahí tres recomendaciones focalizadas: ampliar el acceso de pequeños exportadores y operadores turísticos a la cobertura cambiaria, hoy concentrada en la gran empresa; avanzar hacia bienes de mayor valor agregado; y actuar sobre lo que sí depende del territorio: productividad, eficiencia portuaria, logística y conectividad aérea.
Finalmente, cabe una observación institucional. No se dispone de una estimación de la elasticidad de las exportaciones, el turismo y el empleo del Magdalena frente al tipo de cambio real, de modo que la discusión regional se apoya en percepciones y no en evidencia. Estimar esos coeficientes permitiría cuantificar cuánto empleo local se juega en cada desalineamiento y focalizar la respuesta. El ejercicio toma mucha vigencia cuando el peso se aprecia por razones financieras y no productivas.
