Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
En 2025, el Magdalena produjo bienes y servicios por $26,86 billones a precios corrientes (DANE, 2026a). Tres actividades explican casi el 70 % de esa cifra: la administración pública, la educación y la salud, con el 27,1 %; la agricultura, la ganadería y la pesca, con el 21,2 %, y el comercio, el transporte, el alojamiento y la comida, con el 20,9 %. La industria apenas pesa el 3,1 %. Es una economía que vive del Estado, del campo y del comercio, y que transforma poco de lo que produce. Su PIB por habitante, $17,4 millones, es la mitad del nacional, $34,9 millones (Cámara de Comercio de Santa Marta, 2026a).
La diferencia con el resto del país es notoria. En Colombia, el agro genera el 10,0 % del PIB; en el Magdalena, más del doble. Entre los 33 departamentos, el Magdalena es el noveno más agrícola, al lado de Huila (25,3 %), Tolima (24,2 %) y Nariño (20,5 %), y lejos de Atlántico (1,4 %) y Bolívar (6,6 %). En el Caribe es el primero: sus $5,71 billones de valor agregado agropecuario equivalen al 24 % del agro de la región, por encima de Córdoba ($5,16 billones) y Cesar ($4,31 billones), según cálculos propios con los anexos del DANE (2026a). Pero mientras Santander o Cundinamarca combinan el campo con una industria que pesa entre el 17 % y el 18 % de su PIB, el Magdalena exporta la fruta y el grano casi sin transformarlos. Es más agrícola que el país, pero no más agroindustrial.
Kuznets (1966) mostró que el desarrollo reduce el peso del campo en la economía. En el Magdalena ocurrió lo contrario. La participación del agro subió del 15,0 % en 2015 al 21,2 % en 2025, más por los precios del banano, el café y la palma que por una transformación productiva (DANE, 2026a). En empleo, el campo ocupó en promedio a 141.369 personas en 2025, el 22,8 % del total (Morón, 2026). Uno de cada cinco pesos y uno de cada cinco empleos salen del campo. Cuando el campo se cae, no cae un sector; cae una quinta parte del departamento.
Y en 2026 el campo se cayó. Las inundaciones de comienzos de año y los vendavales de agosto afectaron, según Asbama, cerca de 4.000 hectáreas de banano (Portal Frutícola, 2026; Noticias RCN, 2026). La sequía redujo en 28,5 % la producción de fruto de palma en el segundo trimestre (Banco de la República, 2026), y las lluvias vienen dañando desde agosto las vías de la Sierra Nevada, en vísperas y durante la cosecha cafetera (Hoy Diario del Magdalena, 2026). Entre enero y julio, el campo tuvo cerca de 11.000 ocupados menos que en el mismo periodo de 2025, según cálculos propios con la GEIH (DANE, 2026b). Ante el desastre reaparece una consigna conocida: hay que pensar en otras alternativas. La intención es correcta; el diagnóstico, no.
El banano recibe tres golpes a la vez. El clima dejó 3.486 hectáreas afectadas, 549 pequeños productores y unos 12.000 empleos expuestos, el 16,5 % del área sembrada (Cámara de Comercio de Santa Marta, 2026b). Una planta tumbada tarda nueve meses en volver a producir, y en ese tiempo siguen corriendo los jornales. El dólar bajó de $4.175 a $3.611 entre el segundo trimestre de 2025 y el de 2026: la caja se vendió 6,2 % más cara en dólares, pero el productor recibió 8,2 % menos en pesos. Viloria (2008) documentó el mismo mecanismo entre 1997 y 2007: el bananero cobra en dólares y paga en pesos. Y las denuncias por extorsión pasaron de 3 en 2018 a 19 en 2025. Al pequeño productor no lo quiebra la tormenta; lo quiebran los nueve meses que siguen.
El café tiene el problema opuesto: hay cosecha, pero no hay cómo sacarla. El departamento tiene 17.917 hectáreas y 4.914 familias cafeteras (Federación Nacional de Cafeteros, s. f.). En el Índice Departamental de Competitividad, el Magdalena ocupa el puesto 4 en conectividad y el 29, entre 33, en infraestructura vial (Cámara de Comercio de Santa Marta, 2026c). Viloria (1997) ya llamaba «problema crónico» al mal estado de las vías de penetración de la Sierra. Treinta años después, el diagnóstico es el mismo: un café de exportación que sale por caminos de herradura.
Cambiar de producto no es tan fácil como suena. En la Zona Bananera llueve cuatro meses al año, frente a ocho en Urabá, y la fruta sale más dulce y durable, con mejor precio en Europa (Viloria, 2008); los ríos de la Sierra alimentan distritos de riego (Mongabay Latam, 2018), y el puerto está a menos de una hora. El resultado son 2.155 cajas por hectárea, 284 más que en Urabá (Agencia de Desarrollo Rural, 2020). Marshall (1890) lo llamó economías externas; Hirschman (1958), encadenamientos; North (1990), instituciones. La historia lo confirma: el tabaco y el cacao de la hacienda Theobromina cedieron ante el banano (Viloria, 2008), y el algodón ante el importado y la caída del arancel (Solano, 2009). Ninguno fracasó por falta de tierra; fracasaron por falta de todo lo demás.
Hay, además, un argumento laboral. En el banano, el 66,7 % de los ocupados cotiza a pensión; en el conjunto del campo, el 16,7 % (Morón, 2026). En la zona rural, más del 84 % de los ocupados es informal, y el autoempleo, los bajos ingresos y la menor educación explican buena parte de esa condición (Orozco y Portillo, 2025). Sustituir el banano sin más sería cambiar el único empleo formal del campo por la incertidumbre. Pero formal no es lo mismo que digno: el ingreso mediano del bananero es un salario mínimo (Morón, 2026). Por eso la Universidad del Magdalena, con el ORMET, adelanta con Asbama un estudio sobre salario vital y satisfacción laboral, para recomendar cómo implementar un salario digno (Universidad del Magdalena y Asbama, 2026). Y el riesgo de fondo no es el viento, sino el Fusarium raza 4 tropical, con focos en nueve predios del Magdalena (Comunidad Andina, 2026). El viento tumba la planta; el Fusarium inutiliza el suelo.
Las propuestas deben tener responsable, instrumento y plazo. En primer lugar, financiar el tiempo y no solo el daño: que Finagro y el Banco Agrario abran antes de diciembre una línea de crédito para los 549 pequeños productores afectados, con nueve meses de gracia, y que el censo de daños cruce visitas de campo e imágenes satelitales, como propone la Cámara de Comercio de Santa Marta (2026b); a esa propuesta agregamos leer las imágenes con inteligencia artificial. En segundo lugar, que el Ministerio de Agricultura diseñe para 2027 un seguro que pague según un índice climático medido y una cobertura cambiaria al alcance de las cooperativas de pequeños productores; el grande ya se cubre, el pequeño no. En tercer lugar, que la Gobernación firme convenios solidarios con las juntas de acción comunal de la Sierra para atender con placa huella los puntos críticos antes de la cosecha de 2027, y que las exportadoras financien vías terciarias por obras por impuestos. Arreglar cada año la misma curva cuesta más que hacerla bien una vez.
En cuarto lugar, que la Gobernación y la Cámara de Comercio prioricen la agroindustria en la agenda de competitividad: secado y tostión de café con sello de origen Sierra Nevada, banano orgánico y de comercio justo, como recomendaba Viloria (2008), subproductos del banano y cadena de frío para el mango. En quinto lugar, que el ICA y los gremios presenten en seis meses un plan de bioseguridad contra el Fusarium: un foco que se escapa cuesta más que todas las tormentas. En sexto lugar, que la Policía cree el distrito que Asbama pidió para la Zona Bananera (Cámara de Comercio de Santa Marta, 2026b), porque sin seguridad no hay corte, ni transporte, ni inversión.
Lo más sensato es reconocer que la diversificación no se siembra: se construye. El Magdalena ya tiene un campo que pesa el doble que el nacional; lo que no tiene son las reglas que lo protejan del clima, del dólar y del derrumbe. La inteligencia artificial puede medir el daño desde un satélite; no puede abrir una trocha ni prestar a nueve meses. Antes de cambiar la mata, el Magdalena tiene que cambiar las reglas.
