BOGOTÁ/SANTA MARTA_ A raÍz del más reciente asesinato de un lÍder social en el país, ocurrido en Santa Marta en la persona de Cristina Cantillo Martínez, reconocida activista LGBTI, la Defensoría del Pueblo emitió un informe en el que con cifras muestra un panorama de preocupación.
El ente del Ministerio Público que vela por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los Derechos Humanos, reportó que en los primeros 11 meses de este año se registraron en el país un total de 130 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, cifra menor a la consolidada durante todo el 2020 (182 casos).
El intranquilizante informe lo divulgó este jueves Carlos Camargo, titular de ese organismo, en el marco del Día Internacional de las Personas Defensoras de Derechos Humanos.
Destacó que de este total de homicidios, 111 fueron contra hombres y 19 mujeres. Por sectores sociales las estadísticas de estos crímenes muestran que 31 han sido líderes comunales, 30 indígenas, 16 comunitarios, 14 campesinos y 7 sindicales.
El balance defensorial señala que el 75 por ciento de los homicidios contra se presentó en 8 departamentos, así: Antioquia 22, Cauca 21, Valle del Cauca 16, Chocó 9, Putumayo 9, Norte de Santander 8, Nariño 7, Caquetá 5 y Meta 5.
En el listado no aparece la lideresa de Santa Marta Cristina Cantillo porque su asesinato ocurrió en diciembre y las estadísticas relacionadas, corresponden al período comprendido entre el 1 de enero y 30 de noviembre del 2021.
“Si bien es cierto que ha disminuido el número de asesinatos contra líderes sociales, lamentamos profundamente cada uno de los casos, por el impacto que tiene sobre las comunidades», dijo el defensor Carlos Camargo.
Añadió que «como Estado no podemos ahorrar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, ni mucho menos para garantizar que los líderes y lideresas puedan seguir adelantando su importante labor en favor del estado social de derecho”.
Manifestó que «nos duele reportar cifras tan dolorosas», y aseveró que «trabajamos las 24 horas de todos los días para alertar cualquier situación de riesgo y hacemos seguimiento a las posibles vulneraciones de sus derechos».
En el balance, la Defensoría registró que los homicidios representan el 20 por ciento de todas las vulneraciones a los derechos de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
AMENAZAS
El análisis destaca, además, que las amenazas se consolidan como el principal riesgo para esta población con el 73 por ciento de todos los reportes.
Estos alcanzaron entre enero y septiembre de 2021 un total de 549 conductas vulneratorias. Norte de Santander, Sucre y Magdalena, son los departamentos en los que más se reportaron este tipo de vulneraciones, con 86, 43 y 41 casos, respectivamente.
Los sectores sociales más afectados son comunitario (85), indígena (73) y servicios públicos (64).
«Toda la información de la Defensoría del Pueblo fue entregada a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones necesarias que permitan esclarecer cada uno de los casos», anotó Carlos Camargo.
