Una vez más la Amazonía peruana se viste de luto. Esta vez la victima es el río Cucinico, en el noreste del país, donde el pasado 16 de septiembre se vertieron 2.500 barriles de crudo debido a una rotura en el Oleoducto Norperuanode la empresa estatal Petroperú. «Este es uno de los derrames de crudo más graves ocurridos en el presente año en la Amazonía peruana. El riesgo para la población deriva de la contaminación de ríos y cochas, que son la fuente directa de agua de la población, pero también porque afecta a los peces, principal fuente calórica y proteica de las poblaciones indígenas. La población ha denunciado que la escasez de agua y alimentos se mantiene, resquebrajando su seguridad alimentaria”, dice a DW Ciro Salazar Valdivia, especialista del Programa de Gobernanza y Gestión Ambiental de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) de Perú.
Ante esta tragedia ambiental, que afecta a 2.500 personas de los pueblos originarios urininas y cuninico, Perú declaró el estado de emergencia durante 90 días. «El Estado reconoce que el derrame de petróleo genera un alto riesgo para la salud pública y los ecosistemas, por lo que con la declaración de emergencia se busca garantizar lo antes posible la realización de trabajos de recuperación y remediación para mitigar la contaminación”, explica.
Así se puso en marcha un Plan de Acción Inmediato y de Corto Plazo con la participación de 17 instituciones, que incluye acciones de atención a población afectada en cuestiones de salud y alimentación, así como de limpieza de zonas impactadas, hasta el rescate y rehabilitación de la fauna silvestre.
«Declarar la emergencia ambiental es necesario”, apunta a DW Carol Mora Paniagua, directora de política y gobernanza de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), «aunque no es la respuesta más efectiva, ya que el procedimiento puede ser mucho más rápido y coordinado”.
Y es que la declaración llegó nueve días después del suceso. «Este retraso es una de las expresiones más dramáticas de la debilidad institucional del Estado peruano”, considera Salazar. «Desde SPDA propusimos una iniciativa legal para contar con un instrumento integral que permita activar medidas de manera mucho más inmediata y organizada por parte del Estado”, agrega Mora.
En busca de responsables
«Lamentablemente, el derrame de petróleo ocurrido en Cuninico no es un hecho aislado. Entre el 2000 y el 2019 se han registrado 474 derrames de hidrocarburos ocurridos en la selva peruana”, critica Mora. «Los derrames del Oleoducto Norperuano son constantes y requieren de una reflexión más contundente sobre la actividad hidrocarburífera en este territorio”, asegura.
«Considerando las lecciones aprendidas de casos emblemáticos como los derrames de hidrocarburos en el Oleoducto Norperuano y en la Refinería La Pampilla, es necesario fortalecer el marco normativo para la atención adecuada y oportuna de emergencias ambientales”, agrega, criticando que el oleoducto «sigue operando con un instrumento de gestión ambiental obsoleto, con tecnología deteriorada y sin considerar los derechos humanos comprometidos”.
Un hecho con el que concuerda Salazar, apuntando al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA) del Oleoducto Norperuano así como la falta de mantenimiento del mismo, «la cual fue subrayada por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en otro derrame grave sucedido en la misma zona en 2014”. Por este motivo, considera que «lo más importante es que el Gobierno peruano cumpla con tener un sistema eficiente de monitoreo del oleoducto, con el fin de evitar este tipo de incidentes”.
Desde la empresa apuntan que el derrame fue resultado de un corte intencional de 21 centímetros a la tubería del oleoducto. Un hecho que no es aislado, ya que, según la compañía, se trata del décimoprimer ataque al oleoducto en Loreto, desde principios de año.
*Informe de DW
