BOGOTÁ_ El Gobierno nacional publicó un borrador de resolución con una propuesta que ha reavivado el debate sobre tarifas de energía en Colombia: plantea cargar a los usuarios —personas y empresas— parte de la deuda de la empresa distribuidora Air-e a través de un ajuste en la tarifa eléctrica.
Según el documento, el Ministerio de Minas y Energía busca aliviar la crisis financiera de las comercializadoras intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, especialmente Air-e, que opera en la región Caribe y acumula pasivos por cerca de $2,5 billones con generadores, transmisores y otros agentes del mercado eléctrico.
La medida consistiría en incorporar un cargo adicional en el componente de restricciones de la tarifa de energía, que sería recaudado por el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC) y posteriormente distribuido entre los acreedores de esas deudas. Este cobro temporal sería equivalente a aproximadamente 8 pesos por kilovatio-hora (kWh), lo que se traduce en un impacto estimado de unos $1.200 adicionales mensuales en la factura de los hogares y hasta $40 millones para grandes empresas, según cálculos del sector.
En la justificación del borrador, el Ministerio argumenta que la acumulación de cartera vencida por parte de Air-e representa un riesgo sistémico para el funcionamiento del mercado eléctrico colombiano y que la medida busca garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro de energía eléctrica en todo el país.
La propuesta ha generado reacciones encontradas. Organizaciones de usuarios han calificado la iniciativa como “inaceptable”, señalando que trasladar el costo de la crisis financiera a los consumidores es injusto, especialmente cuando el Gobierno se había comprometido anteriormente a asumir esa deuda. Por su parte, expertos y exfuncionarios han advertido que, aunque la medida podría ser necesaria para mitigar un colapso financiero, no aborda las causas estructurales del problema de Air-e, como la alta morosidad y las pérdidas operativas.
El gobierno abrió una etapa de comentarios al borrador antes de que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) expida la reglamentación definitiva, proceso que definirá cómo y cuándo se aplicaría esta nueva carga tarifaria.
