BOGOTÁ_ A partir de este año, las multas de tránsito en Colombia aumentaron, tras una actualización ordenada por el Ministerio de Transporte de Colombia, lo que impacta los montos que deben pagar los conductores por infracciones de tránsito, servicios de tránsito y la custodia de vehículos en patios.
La medida, que entra en vigencia desde el 1 de enero de 2026, responde a la Circular Externa 20264000000037, mediante la cual el Ministerio instruyó a gobernadores, alcaldes y organismos de tránsito a ajustar de manera obligatoria las sanciones económicas del sector transporte en todo el país.
El cambio obedeció a una actualización general en la forma de calcular los valores de las multas: dejaron de tomarse con base en el Salario Mínimo Diario Legal Vigente y ahora se ajustan conforme al costo de vida, apoyándose en la Unidad de Valor Básico (UVB), introducida por la Ley 2294 de 2023 como referencia para sanciones y tarifas estatales.
¿Cuánto valen ahora las multas?
Con los ajustes realizados, los valores de las sanciones por infracciones de tránsito quedaron establecidos así:
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Infracciones leves (4 SMDLV): $168.813
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Infracciones medianas (15 SMDLV): $633.111
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Infracciones graves (30 SMDLV): $1.266.222
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Sanciones máximas (1.440 SMDLV): $60.776.457
La multa más baja corresponde a infracciones leves, detectadas tanto por agentes de tránsito como por cámaras de fotomultas.
Además del ajuste en las sanciones, la actualización también afecta otros cobros asociados a los trámites del sector transporte, como los servicios de tránsito y la custodia de vehículos en patios.
El Ministerio recordó que las autoridades locales deben actualizar sus sistemas de recaudo para cumplir la normativa, y exhortó a los ciudadanos a respetar las normas de tránsito para evitar sanciones y pagos adicionales. También señaló que existen líneas de atención gratuitas para denunciar posibles actos de corrupción relacionados con multas o servicios de tránsito.
Los expertos señalan que esta actualización de las multas forma parte de una política de ajuste económico que acompaña el incremento del salario mínimo y la inflación del país, con el fin de mantener el valor real de las sanciones y los recursos destinados a la gestión vial y de movilidad.
