La Gobernación del Magdalena, a través de un comunicado de prensa, denunció que en la sesión Extraordinaria del Consejo Directivo de la RAP Caribe, celebrada el 31 de marzo del presente año, los gobernadores de La Guajira y Cesar, los delegados de Sucre, Córdoba, Bolívar y Atlántico no tramitaron la solicitud del OCAD Caribe ni la propuesta de la administración departamental, respecto a la designación del ejecutor para el proyecto del PAE Magdalena, afectando a 141.000 niños y niñas magdalenenses.
«Desde que inició el PAE como programa ejecutado por las entidades territoriales en el año 2016, ha contado con recursos de regalías y ha sido la Gobernación la operadora de dicho proyecto, para lo cual ha contratado la prestación del servicio mediante licitación. El gobernador del Magdalena Carlos Caicedo, desde el 22 febrero del 2021 radicó el proyecto PAE Magdalena ante el DNP, siendo aprobado técnicamente por el MEN en mayo, viabilizado por el DNP y aprobado por el OCAD en diciembre de 2021», recuerda el comunicado.
Al tenor, el pronunciamiento señala que «los gobernadores del Caribe aliados de los clanes políticos regionales deliberadamente han impuesto un bloqueo al Magdalena con el concurso del Presidente Duque, evidenciado el 22 octubre de 2021, cuando deciden por primera vez no aprobar el proyecto del PAE luego de 8 años de haberse venido aprobando, utilizando argumentos falaces que las evidencias dejan sin soporte legal. Hundieron el proyecto presentado por la Gobernación del Magdalena y nos obligaron a reformularlo con el Ministerio de Educación y de Hacienda para presentarlo nuevamente ante el OCAD, como en efecto lo hicimos, cumpliendo todos los requisitos del Sistema de Regalías».
«Fue necesario que padres de familia de los municipios interpusieran tutelas para lograr la aprobación del proyecto, pero negaron que el ente territorial fuese el ejecutor de los recursos, bloqueando la prestación del servicio de alimentación a los niños y niñas del Magdalena. Es un acto criminal afectar los derechos de la niñez por razones políticas, lo que constituye una grave violación de los derechos humanos fundamentales», resalta la comunicación al tiempo que advierte que se ha puesto en conocimiento de los órganos de control para «que se investiguen y sancionen estas conductas contrarias a la ley, que sólo buscan apropiarse de los recursos públicos y refuerzan una estrategia de persecución política contra un gobierno alternativo elegido democráticamente por el pueblo. Alertamos a todos los sectores sociales e institucionales a pedir respeto y garantías para el goce de los derechos fundamentales de la niñez del Magdalena».
