BOGOTÁ_ El aumento excesivo de las tarifas del servicio público de energía eléctrica en la región Caribe y las constantes quejas de las comunidades, impulsaron a la Defensoría del Pueblo a elaborar un documento con ocho recomendaciones, dentro de las cuales se solicita al Gobierno Nacional priorizar y avanzar en la búsqueda de una solución definitiva que permita garantizar el acceso eficiente y oportuno a la prestación del servicio público domiciliario de energía eléctrica en los departamentos de Bolívar, Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira.
“Le solicitamos al Gobierno priorizar estrategias en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 para contar con una política pública que conlleve cambios estructurales, encaminados a dar una solución definitiva a las excesivas tarifas del servicio de energía eléctrica y se asegure un servicio eficiente y sostenible”, resaltó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
Así mismo, enfatizó en la urgencia de adoptar medidas para garantizar la prestación eficiente del servicio público, ya que tienen una relación directa con otros derechos como la salud y la educación.
“También recomendamos impulsar el uso de tecnologías de fuentes renovables no convencionales solares o eólicas, priorizando el autoabastecimiento de sistemas de agua potable, servicios de salud y educación para reducir las brechas entre la zona urbana y rural. Es importante generar incentivos para que los ciudadanos puedan acceder a estas tecnologías a precios asequibles”, puntualizó del Defensor del Pueblo.
En el documento elaborado por el equipo de la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente de la Defensoría del Pueblo, también se solicita al Gobierno que se destinen recursos del Sistema General de Regalías para financiar proyectos de infraestructura de energía eléctrica en la región Caribe y, de esta manera, se reduzca la tarifa y reducir los índices de pobreza en esta región.
En otra de las recomendaciones, dirigida a las empresas AIR-E S.A.S. E.S.P. y Caribemar de la Costa S.A.S. E.S.P. – AFINIA, se solicita que en su actividad empresarial mantengan la protección, respeto y dignificación de los usuarios, atendiendo en todo momento al interés y garantía de sus derechos fundamentales.
Como una medida de corto plazo y de manera temporal, mientras se resuelve el tema de las tarifas, desde la Defensoría del Pueblo se propone al Ministerio de Minas y Energía aumentar el techo del consumo básico de subsistencia, que pasaría de 173 kWh a 200 kWh-mes para alturas inferiores a 1.000 metros sobre el nivel del mar, lo que significaría aproximadamente un alivio del 15% para los hogares más vulnerables.
Finalmente, el Informe Defensorial detalla cómo el alza de los servicios de energía eléctrica en la región Caribe, incide de manera significativa en la calidad de vida y el bienestar general de sus habitantes, en un contexto donde los índices de pobreza son altos. Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en 2021 el 26,8% de la población total de la región Caribe se encontraba en pobreza multidimensional. Además, señala que en junio de 2022 las tasas de desempleo estaban por encima del 11% en las siete ciudades capitales de esta región.
