BOGOTÁ_ La Defensoría del Pueblo entregó el segundo boletín sobre el monitoreo a la situación humanitaria en el contexto de implementación del cese al fuego entre la Fuerza Pública y cuatro grupos armados ilegales, entre el 21 de enero y el 17 de febrero de 2023.
En el informe, la entidad identificó que con 24 hechos violentos en municipios de distintas zonas del país, especialmente de la Región Caribe y el occidente, «las acciones bélicas por parte de los grupos armados ilegales de que tratan los Decretos del Gobierno nacional no se han detenido, ni tampoco las afectaciones a la población civil”, dijo el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En la región Caribe, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), buscan perpetuar el orden violento a través de la instauración del miedo entre sus habitantes, la imposición de normas de convivencia, la regulación de la vida cotidiana y la suplantación del Estado, como ocurre en Córdoba, Sucre y la Subregión de los Montes de María de Bolívar y Sucre.
Por otra parte, en el departamento del Cauca, en zonas que cuentan con Alertas Tempranas vigentes y en proceso de seguimiento.
El 23 de enero se dio un hostigamiento contra el Ejército Nacional en Buenos Aires; el 3 de febrero, un hostigamiento a la Estación de Policía de Corinto; el 9 del mismo mes, enfrentamientos armados en Argelia; al siguiente día, hostigamientos contra el Ejército y la Policía de Corinto, y el 12 de febrero se presentaron combates entre fuerza pública y guerrilla en zona rural de Balboa.
“Hacemos especial seguimiento y un llamado a las autoridades por la estabilidad y la defensa de los derechos humanos en Cauca, ante los continuos hechos de violencia que impactan a la comunidad en este departamento. Sin dejar de lado que en esta región hay vulneraciones a los derechos humanos, en los 21 días de los que trata el segundo informe también se identificaron situaciones que, aunque no tuvieron lugar directamente entre fuerza pública y alguno de los grupos aludidos en los Decretos del Gobierno nacional, sí generaron impactos humanitarios y/o de vulneración a los derechos humanos o al DIH”, explicó el Defensor del Pueblo.
En el informe se indica además que, es motivo de profunda preocupación para la Defensoría del Pueblo la grave situación humanitaria que se registra actualmente en la subregión Telembí del Pacífico Nariñense, específicamente en los municipios de Roberto y Magüí Payán, donde tienen lugar intensos combates entre facciones disidentes de la Farc, adscritas a la Segunda Marquetalia y al CCO del denominado Estado Mayor Central.
Los impactos de dichas acciones sobre la población civil abarcan desplazamientos masivos, suspensión de clases para niños, niñas y adolescentes, e incluso graves afectaciones contra la vida e integridad física de algunos de sus habitantes.
“Seguimos instando a que se adopten las recomendaciones formuladas en nuestras Alertas Tempranas y a que, en paralelo a las disposiciones normativas y de mutuo acuerdo que sean adoptadas en materia de paz y de cese al fuego, el Estado colombiano afiance sus esfuerzos en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos y al DIH en los territorios donde los cuatro grupos señalados tienen algún tipo de actuación”, concluyó el Defensor del Pueblo.
