SANTA MARTA_ En respuesta a la emboscada perpetrada por criminales de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachencas’, contra una unidad del Batallón de Alta Montaña del Ejército Nacional, que resultó en la muerte del cabo primero Luis Felipe Ramírez Perdomo, la Gobernación del Magdalena ha emitido un comunicado a la opinión pública, exigiendo medidas urgentes y efectivas.
El trágico incidente ocurrió entre las veredas Don Diego y Quebrada del Sol, en el corregimiento de Guachaca, zona rural del Distrito de Santa Marta, mientras se llevaba a cabo un operativo de captura contra uno de los cabecillas de la organización paramilitar.
El gobernador Rafael Martínez ha solicitado al Distrito de Santa Marta la implementación de acciones efectivas que garanticen la seguridad en el área rural de la ciudad. Este llamado se produce ante el aumento de la criminalidad, que ha generado temor en la ciudadanía debido a ajustes de cuentas entre bandas criminales, principalmente ‘Los Pachencas’.
El gobernador Martínez ha señalado la precaria intervención de Carlos Pinedo, quien fue sorprendido en una reunión con el comandante de la organización criminal, alias ‘Camilo’. Las imágenes de este encuentro han generado preocupación, ya que los recientes golpes a este grupo criminal se han llevado a cabo fuera de la ciudad, a pesar de su presencia dentro de ella.
El mandatario ha convocado una reunión con representantes de la ONU, Defensoría del Pueblo y Procuraduría, a través de la Secretaría del Interior. La administración departamental se ha comprometido a garantizar el acompañamiento humanitario de las fuerzas militares a las comunidades Kogui, Wiwa, Arhuacos y campesinas en la zona afectada. También estableció el compromiso de hacer un seguimiento a la situación mediante una Mesa Territorial de Paz, en la que participarán autoridades militares, la comunidad y otras instituciones del Estado.
El gobernador Martínez reiteró su rechazo al atentado y aseguró que continuará trabajando junto con las autoridades militares y policiales para garantizar la seguridad y los derechos de la población indígena y campesina de la región.
