Columna del profesor e investigador universitario Jaime Alberto Morón Cárdenas.
Durante los últimos tres años, Colombia ha elaborado sus presupuestos con ingresos que finalmente no llegan a la caja. En 2024, la diferencia entre los ingresos tributarios presupuestados y los efectivamente recaudados alcanzó el 4,1 % del PIB, más de $80 billones a precios actuales. En 2025, la sobreestimación fue del 1,8 % y, para 2026, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) calcula que volverá a superar un punto del producto. Cuando el recaudo se sobreestima de manera recurrente, el presupuesto deja de ser una programación financiera y se convierte en una promesa de gasto sin respaldo suficiente (CARF, 2026).
Estas cifras reabren una discusión que va más allá del cambio de gobierno: ¿el desbalance fiscal es la herencia de una administración o el resultado de una arquitectura institucional que permite presupuestar ingresos inciertos y aplazar decisiones difíciles? Si se tratara únicamente de un problema de gestión, bastaría con administrar mejor. Pero si también existe un problema de diseño, el relevo en la Casa de Nariño no será suficiente. La responsabilidad política puede tener nombres y fechas, pero la sostenibilidad fiscal depende de reglas, información confiable y capacidad institucional para cumplirlas.
La teoría económica permite ordenar esta discusión. Kydland y Prescott (1977) demostraron que, cuando no existen reglas creíbles, la política discrecional tiende a producir resultados inferiores. Para América Latina, Gavin y Perotti (1997) identificaron un patrón que sigue vigente: el gasto aumenta durante las bonanzas, pero no disminuye con la misma intensidad durante las desaceleraciones. Talvi y Végh (2005) explicaron que este comportamiento responde a las presiones por gastar los excedentes. Cada ciclo puede dejar así un nivel de gasto permanente financiado con ingresos transitorios.
El déficit del Gobierno Nacional Central fue equivalente al 6,7 % del PIB en 2024 y al 6,4 % en 2025. Para 2026 existen proyecciones muy diferentes: el 5,5 % en el escenario oficial del gobierno saliente, el 7,4 % en los cálculos del CARF y el 7,8 % en la estimación anunciada por el ministro de Hacienda entrante. Como esta última cifra aún no dispone de una metodología publicada, debe presentarse como una estimación atribuida. Sin embargo, la distancia entre los escenarios revela que el país no solo enfrenta un déficit elevado, sino también una discusión sobre la calidad y transparencia de la información fiscal (CARF, 2026; Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2026).
La consecuencia acumulada se observa en la deuda. El CARF estima que la deuda neta alcanzará el 61 % del PIB en 2026, por encima del ancla legal del 55 %, y que estabilizarla exigiría un ajuste cercano a cinco puntos del producto. Para cumplir la meta de 2027, el esfuerzo inmediato sería de aproximadamente $80 billones, equivalentes al 3,7 % del PIB. En el proyecto de presupuesto de 2027, el pago de intereses aumenta un 27,6 % (Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 2026).
Ese proyecto de presupuesto resume la herencia fiscal que recibe el nuevo gobierno. De un total de $575,6 billones, cerca de $485,6 billones, es decir, el 84 %, se destinan a funcionamiento y servicio de la deuda. La inversión alcanza $90 billones y aumenta apenas un 0,5 % en términos nominales, lo que implica una caída real. Además, $30,2 billones dependen de una ley de recursos adicionales. Un gobierno puede llegar con un programa de transformación, pero encuentra buena parte de sus decisiones condicionadas por obligaciones previas, ingresos inciertos y un servicio de deuda creciente.
La economía real presenta mejores resultados que las cuentas fiscales, aunque mantiene una debilidad estructural. El PIB creció un 2,6 % en 2025 y Fedesarrollo proyecta la misma expansión para 2026. Sin embargo, mientras el consumo aumentaría un 3,4 %, la formación bruta de capital fijo lo haría apenas un 1,2 %. La tasa de inversión, ubicada en el 16,1 % del PIB, continúa sin recuperar los niveles anteriores a la pandemia. Con una inflación anual del 6,14 % en junio y una tasa de política monetaria del 12 %, el margen para estimular la economía es limitado (DANE, 2026; Banco de la República, 2026).
El nuevo gobierno ha anunciado austeridad en el corto plazo y una reforma tributaria posteriormente. Entre las primeras medidas se encuentran el congelamiento de partidas del presupuesto de 2026 y un recorte de por lo menos $20 billones, cercano a un punto del PIB. Sin embargo, el ajuste anunciado sigue siendo inferior a una brecha fiscal que las estimaciones independientes ubican entre tres y cinco puntos del PIB. Tampoco debe sobredimensionarse la eliminación del impuesto al patrimonio: en 2025 recaudó $1,246 billones, alrededor del 0,06 % del PIB. Puede incidir sobre los incentivos a invertir, pero por sí sola no modifica la restricción presupuestal.
Aquí aparece el principal riesgo. Un ajuste basado en reducir la inversión pública puede mejorar el déficit del año, pero deteriorar la solvencia del Estado en el mediano plazo, porque disminuye el crecimiento futuro y la base gravable. Colombia ya muestra señales de esa ruta: la inversión prevista para 2027 cae en términos reales antes de aprobar una sola medida adicional. Por ello, importa saber dónde se recorta, qué gasto corriente se racionaliza, cuáles programas se evalúan y qué inversiones estratégicas se protegen. Sacrificar infraestructura, educación, ciencia, conectividad o productividad puede ordenar transitoriamente las cuentas y ampliar las restricciones que impiden crecer.
También se requiere prudencia frente a los diagnósticos extremos. Colombia no enfrenta una crisis financiera: el sistema bancario permanece sólido, la tasa de desempleo se ubica alrededor del 8 % y la economía mantiene un crecimiento positivo (DANE, 2026). Lo que existe es un desbalance fiscal severo, acompañado de baja inversión y altos costos de financiamiento. No son problemas menores, pero tampoco equivalen a una crisis económica generalizada. Confundirlos puede conducir a un ajuste desordenado y a subestimar la persistencia de la corrección fiscal.
Esta discusión tiene consecuencias directas para el Caribe. Fedesarrollo proyecta que la región crecerá un 2,1 % en 2026, por debajo del promedio nacional, mientras Bogotá crecería un 3,1 %. La semana pasada se argumentó en este espacio que el ascenso económico y político del Caribe abre una ventana para invertir en infraestructura, logística, conectividad y educación superior. La restricción fiscal completa esa lectura: dichas inversiones competirán dentro de un presupuesto que pierde capacidad real. En el Magdalena, que aporta cerca del 1,35 % del PIB nacional, concentra el 2,9 % de la población y mantiene una informalidad urbana cercana al 59 % en Santa Marta, el ajuste no será territorialmente neutro. Las regiones con mayores brechas tienen menos capacidad para sustituir con recursos propios la inversión que deje de ejecutar la Nación.
Por esa razón, la discusión no debería quedarse únicamente en determinar quién dejó el déficit, aunque establecer responsabilidades haga parte del control democrático. La pregunta central es qué gastos está dispuesto el país a revisar, durante cuánto tiempo y con qué criterios distributivos y territoriales. Los ajustes sostenibles protegen la inversión, corrigen las rigideces del gasto corriente, mejoran la calidad del recaudo y se apoyan en información transparente. Los más fáciles suelen posponer obras, reducir programas de formación y trasladar el costo hacia los territorios con menor capacidad de negociación. Colombia necesita corregir el déficit, pero no puede hacerlo debilitando las fuentes de su crecimiento futuro. Un déficit se corrige con decisiones fiscales; una economía se transforma con inversión productiva. El verdadero desafío consiste en hacer lo primero sin renunciar a lo segundo y sin convertir la corrección de las cuentas nacionales en una nueva ampliación de las brechas regionales.
